EFE, Londres
La inseguridad y la violencia política continuaron en 2007, año en que entró en vigor una ley orgánica para proteger a las mujeres de la violencia, según destaca Amnistía Internacional (AI) en su informe anual presentado ayer.
Durante 2007, "varias manifestaciones terminaron en violentos enfrentamientos entre manifestantes de distinto signo, y entre estos y la Policía", señala AI en el capítulo dedicado a Venezuela dentro de su informe anual sobre el estado de los derechos humanos.
Dentro de la violencia política, AI denuncia que "las autoridades no adoptaron medidas efectivas para poner fin a la escalada de la violencia registrada en el contexto de las manifestaciones promovidas por simpatizantes y opositores del Gobierno".
Decenas de manifestantes, sobre todo estudiantes -incluídos menores de 18 años-, resultaron heridos o fueron detenidos durante las manifestaciones de protesta por la decisión de las autoridades de no renovar la licencia de RCTV.
En cuanto a la seguridad pública, AI señala que según el fiscal general del Estado entre 2000 y 2007 se habían presentado ante la fiscalía más de 6.000 denuncias por presuntas ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por la Policía venezolana.
De los 2.000 agentes, según los informes, implicados en estos actos, menos de 400 habían sido detenidos de forma preventiva al concluir el año.
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