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CC pide la dimisión de Gloria Rivero por contratar a Franquet de forma ilegal

El portavoz municipal de Coalición Canaria, José Alberto Díaz-Estébanez, exigió ayer la dimisión de la portavoz del Grupo Socialista, Gloria Rivero, al considerarla responsable de la contratación ilegal de su compañera en el grupo. Mariam Franquet asumía funciones de prensa hasta que se le rescindió el contrato.
28/may/08 21:49
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ÓSCAR MARTÍN, Tenerife

El grupo de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Santa Cruz no ha resistido y ha pedido la dimisión de la portavoz del Grupo Socialista, Gloria Rivero. Quizás por el hecho de que el pasado lunes, tanto la propia edil como Ramiro Cuende, su compañero de grupo, exigieron, durante una rueda de prensa sobre Las Teresitas, la marcha del alcalde, Miguel Zerolo, así como de la concejala de Urbanismo, Luz Reverón.

El portavoz de CC en el ayuntamiento, José Alberto Díaz Estébanez, en nombre de sus compañeros, exigió ayer la dimisión inmediata de Rivero, aunque por otros motivos: la contratación de forma ilegal de la edil socialista Mariam Franquet en el Grupo Socialista. Según publicó EL DÍA, Franquet fue contratada el pasado 14 de marzo para asumir la relación del grupo con la prensa, semanas antes de que Gloria Rivero solicitara un informe al secretario municipal para conocer si era legal tal planteamiento.

En su momento, las fuentes municipales consultadas indicaron que al Grupo Socialista le corresponde una asignación de 3.000 euros mensuales por dicha condición más 300 por cada uno de sus siete ediles, al margen de dietas. En total, 5.100 euros cada 30 días. Las mismas fuentes reconocieron, además, que en los últimos cuatro meses no se han abonado estas partidas a ningún grupo por no haberse actualizado el IPC.

De esta manera, y teniendo en cuenta lo sucedido, Rivero se vio obligada a rescindir el contrato de Mariam Franquet, una vez que el secretario del ayuntamiento, Luis Prieto, emitiese a petición de la también parlamentaria nacional del PSC un informe en el que decía que "un grupo político no puede contratar porque no tiene personalidad jurídica para ser empleadores". Prieto aseguró, además, que, según el artículo 73 del Régimen de Administraciones Locales, "las asignaciones políticas no pueden destinarse" a la contratación de los concejales.

El cabeza visible de los nacionalistas en el consistorio, José Alberto Díaz-Estébanez, entiende que es ahora Rivero quien tiene que presentar su dimisión, "pues ha reconocido una contratación ilegal de una edil". Díaz-Estébanez acusó a la portavoz socialista de actuar "siempre" como jurista e interponer las normas, "y ahora es ella la máxima responsable de esa contratación". De hecho, aseguró el concejal de CC, su propio partido, en este caso la agrupación local del PSC, ha esquivado tal responsabilidad. "Se han desmarcado de la contratación de la edil con el visto bueno de Rivero", apuntó.

Díaz-Estébanez aprovechó la ocasión para pedir a la portavoz socialista que "predique con el ejemplo, y alguna vez debería defender los intereses de Santa Cruz". El portavoz nacionalista fue más allá y criticó al Grupo Socialista por la "desbandada" de sus concejales tras la moción presentada durante el último pleno sobre la soberanía.

"Caza de brujas"

"Ahora hay una supuesta caza de brujas en el partido con la apertura de expedientes tras desobedecer una famosa orden de no presentar moción", recordó el concejal en referencia a la iniciativa que los socialistas presentaron, por otro lado, acerca del frente del litoral de San Andrés.

Por otro lado, Díaz-Estébanez no llega a entender algunas apariciones públicas de la edil del PSC, y como ejemplo mencionó la comparencia que junto a Ramiro Cuende ofreció el lunes para criticar la posición del Ayuntamiento de Santa Cruz con respecto al frente de playa de Las Teresitas y la Dirección General de Costas.

En este sentido, el portavoz de CC dijo que "no se entienden estas apariciones públicas con una huida hacia adelante ante la incapacidad de mantener unidos a sus compañeros y la legalidad". Precisamente, y en relación al hecho de que ahora los socialistas mantienen que el Estado no pagará los 30.000 euros que supone el parón de las obras del frente de playa, Díaz-Estébanez explicó que se encuentra en el ámbito judicial, al que hay que dejar trabajar.

"Ellos no respetan el proceso judicial", añadió. Es más, el edil acusó al Estado de actuar con criterios "partidistas", al tiempo que recordó que "si alguien no ha hecho su trabajo con respecto al deslinde ha sido Costas. Ellos han participado en el proyecto del frente de playa".

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