Exigen que se aleje del casco el único polvorín de explosivos que tiene la Isla

M. CHACÓN, El Paso

El Ayuntamiento de El Paso ha decidido dirigirse al Cabildo insular para que se habilite un espacio adecuado y alejado de cualquier núcleo urbano para albergar el único polvorín existente en la Isla, en donde la empresa Explosivos Río Tinto y la Guardia Civil custodian todos los materiales explosivos que se pueden utilizar con autorización en La Palma. El recinto lleva 25 años activo en el Malpaís de Marta, en las afueras del casco urbano de El Paso, y desde el grupo de Gobierno de El Paso (PSC-PP) se entiende que ha llegado el momento de buscarle otra ubicación.

Así se ha recogido en una sugerencia al PIOLP remitida a la Administración palmera por el Consistorio pasense. En la misma se especifica que "en todo el entorno del Malpaís de Marta, con colada volcánica de alto valor natural, debe prevalecer el mantenimiento de protección del Suelo Rústico de Protección Paisajística, por lo que se ha de determinar en plazos definidos la retirada del polvorín y la recuperación de todo el área afectada por la localización de esta instalación".

Según ha manifestado la alcaldesa, Dolores Padilla, "se trata de una actividad clasificada, por lo que entendemos que debe ser el Cabildo, con nuestro apoyo, el que especifique el lugar adecuado para reubicar esta instalación. Consideramos que ya hay que buscar otro espacio más alejado para depositar los materiales explosivos que ahí se custodian, teniendo en cuanta además que estamos hablando de un paisaje de alto valor natural".

El recinto en cuestión ocupa una finca de 130.000 metros cuadrados denominada de la misma manera, en medio del malpaís, que ocupa más de 35 hectáreas de terreno, básicamente compuesto por colada lávica. Desde la valla hacia el exterior, se ha marcado un perímetro de casi medio kilómetro de protección, por seguridad, en donde no se puede fabricar ninguna instalación o residencia ni realizar ningún tipo de actividad, algo que en varias ocasiones ha generado conflictos con algunos vecinos.

En enero de 1982, el Pleno del Consistorio pasense, siendo alcalde Miguel Ángel Hernández Martín (UCD), mediante subasta, decidió vender esta parcela de suelo municipal a la entidad Explosivos Río Tinto (vinculada en esa fecha a la Compañía Española de Minas de Río Tinto), por un precio de 6.514.150 de las antiguas pesetas, lo que por esa época representaba el 18% del presupuesto municipal para ese año, que ascendió a 35.600.000 pesetas. Además de la actividad vinculada a los explosivos, en el contrato se recogió la ubicación de una fábrica de abonos que luego no se ejecutó.