EFE, Valencia
El presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, y su homólogo valenciano, Francisco Camps, exigieron ayer al Ejecutivo central que, al actualizar el sistema de financiación autonómica, atienda al "sentido común" de reconocer el factor del aumento demográfico. Canarias y Valencia son, a juicio de Camps, dos autonomías "castigadas" por el Ejecutivo socialista y "las dos peor financiadas por persona de toda España", con una diferencia anual de 700 euros respecto a las más favorecidas.
Rivero y Camps se reunieron durante casi tres horas en la capital valenciana para abordar cuestiones comunes de ambas regiones. Tras el encuentro, Rivero insistió en la necesidad de que la revisión del actual modelo de financiación autonómica garantice "la cohesión social y territorial" en España mediante un sistema "más justo, equilibrado, solidario" y que atienda el incremento demográfico de aquellas autonomías que, como Canarias y Valencia, más han crecido en población durante los últimos años. "Es un criterio elemental" para ese nuevo modelo, señaló el presidente canario, quien rechazó que en el debate actual se produzcan "frentismos" entre unas regiones y otras.
El presidente valenciano exigió al Gobierno que, "sobre la base del modelo de financiación" actual, aporte el dinero necesario para que las regiones con mayor crecimiento socioeconómico y demográfico puedan prestar los mejores servicios sociales posibles y cuya competencia les corresponde.
El president de la Generalitat, para quien actualmente existe una "diferencia abismal" entre la financiación de unas comunidades y otras, cifró en 3.500 millones de euros anuales la cantidad que necesitaría recibir la Comunitad Valenciana para equipararse con las que más perciben, y en 1.500 millones el diferencial que existe con respecto a Canarias.
Rivero apostó por desarrollar un Estado "armónico y solidario" donde todos los territorios estén en "igualdad de condiciones" a la hora de recibir su parte proporcional de la financiación estatal, y lamentó que el "espectacular" desarrollo socioeconómico de los últimos "15 ó 20 años" no haya sido homogéneo en toda España.
Rivero y Camps acordaron un decálogo de principios generales sobre el modelo de financiación autonómica, entre los que se incluye retribuir los costes asociados a la ultraperificidad. Este documento tiene como primer punto poner de manifiesto que el modelo de financiación autonómica aprobado en 2001 ha generado distorsiones en la prestación de servicios públicos en las comunidades autónomas.
También se indica en el decálogo que los recursos de cada comunidad autónoma deben permitir la cobertura de todos los servicios, ya sean sanitarios o sociales, y de las competencias comunes. El tercer punto es que el sistema debe ser revisado desde la multilateralidad, aunque haya contactos bilaterales.
En cuarto lugar se reivindica que la población siga teniendo el mayor peso específico pero corregido en función del padrón real, y de manera que el resto de variables se mantengan, entre ellas la insularidad y la superficie. En el quinto punto se indica que se deben retribuir los costes asociados a la ultraperificidad. Los firmantes acuerdan como sexto punto defender un aumento de la corresponsabilidad fiscal, y, en séptimo lugar, introducir elementos que eviten las "diferencias brutales" en la financiación per cápita entre las comunidades.
Correcciones
El octavo punto hace referencia a que el fondo de suficiencia como elemento de cierre tenga más recursos, mientras que el noveno propone que el Gobierno central introduzca correcciones en caso de hacer cambios que afecten a los ingresos de las comunidades autónomas.
Finalmente, el decálogo recoge la reclamación de ambas regiones para que el aumento en la dotación se haga en el fondo de compensación interterritorial.
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