El Gobierno rechaza la propuesta de descentralización de la Fecai

M.G., S/C de Tenerife

La propuesta de tercera descentralización administrativa lanzada por el presidente del Cabildo de El Hierro y presidente de la Federación Canaria de Islas (Fecai), y asumida posteriormente de forma unánime por la propia federación, no está "sobre la mesa" del Gobierno regional y "probablemente no lo estará", según confirmó ayer el consejero de Presidencia y Justicia del Ejecutivo autónomo, José Miguel Ruano.

El objetivo planteado por la entidad que agrupa a los cabildos es que las corporaciones insulares reciban nuevas competencias, de forma que el Gobierno mantenga únicamente las relacionadas con sanidad, educación, economía y relaciones con el exterior y ejerza un papel de "coordinación".

Esta posibilidad no es contemplada por el consejero, que advierte de que "no está en el horizonte que el Gobierno se convierta en una estructura tan pequeña". Ruano enmarcó los procesos descentralizadores que se desarrollarán en Canarias durante esta legislatura en el pacto local, que contempla el traspaso de competencias desde los cabildos hacia los ayuntamientos. No obstante, mostró la disposición del Gobierno a dialogar sobre la culminación de transferencias pendientes hacia las administraciones insulares.

La propuesta de Padrón fue aprobada por la asamblea de la Fecai hace algo más de un mes. Entonces, el presidente del organismo aseguraba que, salvo educación, sanidad, finanzas y relaciones con el exterior, el resto de competencias son "perfectamente insularizables". Para encauzar el proceso, la federación propuso la constitución de una comisión mixta con presencia del Ejecutivo, los cabildos y los ayuntamientos.

En la reunión celebrada a mediados de abril, la Fecai exigió, asimismo, el cierre del segundo proceso descentralizador, aún en marcha, en el que aún continúan pendientes materias como puertos, vivienda, residencias de estudiantes, consumo o parte de los servicios sociales. En relación con estas transferencias, los cabildos insisten en la necesidad de equiparar su coste real y los fondos que realmente están recibiendo para prestar estos servicios.