COLPISA, Madrid
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha condenado a España a indemnizar a los ex policías Luis Hens y Juan Ramón Corujo por la indefensión a la que se vieron sometidos en el proceso en el que resultaron condenados a cinco años de cárcel por participar en el secuestro de Segundo Marey, primera acción reivindicada por el GAL. Los dos fueron juzgados en 1998 por el Supremo porque entre los procesados estaba, además de otros responsables de Interior, el aforado José Barrionuevo. La ONU considera que esa circunstancia les privó del derecho a que su condena fuese revisada por un órgano judicial superior.
Hens y Corujo eran miembros de la Brigada de Información de la Jefatura de Bilbao en diciembre de 1983 cuando recibieron la orden de sus superiores de custodiar entre el 4 y el 14 de aquel mes a Marey, que fue presentado a los policías como un peligroso etarra, en un cabaña semiderruida de Colindres (Cantabria). En lo que fue la presentación en sociedad de los GAL, que en los años posteriores se apuntarían una treintena de asesinatos, los agentes jugaron el papel de meros peones.
Batalla judicial
Por aquellos hechos, el Supremo condenó en julio de 1998 a Hens y Corujo a cinco años de prisión y ocho años de inhabilitación por un delito de detención ilegal. Junto a ellos fueron condenados otros diez procesados en el "caso Marey". Entre ellos, Barrionuevo, Vera, Sancristóbal, Damborenea, Amedo y Domínguez.
Hens y Corujo entraron en la cárcel en septiembre de aquel año. Un mes después, el Constitucional suspendió de manera cautelar sus condenas y en diciembre el Gobierno les concedió el indulto parcial. La medida de gracia poco a poco fue deshinchando los ánimos de guerra judicial de los principales implicados. Pero no los de estos dos agentes, que mantuvieron su batalla judicial dentro y fuera de España.
En marzo de 2001, el Tribunal Constitucional rechazó su recurso, en el que habían denunciado que ningún otro tribunal revisó su condena, al entender que el hecho de que hubieran sido juzgados en el Supremo no menoscaba derecho alguno. El tribunal de Estraburgo, en noviembre de 2004, tampoco vio irregularidades en el proceso.
Entonces acudieron a la ONU, que ahora ha dado la razón a los dos ex policías tras diez años de vaivenes y varapalos judiciales.
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