Canarias, a la cola del Estado

Mayores cotas de autogobierno, transferencia de más competencias, renovación del pacto Canarias-Estado, apertura del debate sobre el futuro de las Islas, discusión sobre el nuevo marco económico que debe desarrollar Canarias, redefinición del modelo de gobierno del Archipiélago; son sólo algunos de los asuntos que, ante la situación política que se está viviendo en el Estado español, he intentado plantear públicamente. Sobre la cuestión política sólo señalar que el hecho de que se esté discutiendo sobre el modelo político de Canarias ya es motivo de satisfacción. Los pasos siguientes deben tender al debate y al diálogo, moderado, sin estridencias y, estoy de acuerdo con Juan Manuel García Ramos, sin "acelerones". Digamos que el debate arrancó, ahora hay que conducirlo con serenidad. Esa discusión debe tener en el seno de Coalición Canaria su referente, toda vez que es una fuerza nacionalista que preside el Gobierno de Canarias y muchas administraciones locales e insulares de las Islas. No quiero repetirme, pero lo bueno es el debate y que el mismo dé lugar a una nueva formulación del nacionalismo desde la unidad, con una base mínima de entendimiento para, en el futuro, avanzar hacia otros objetivos. Y en este foro abierto deben tener cabida todas las posturas, no hay que excluir, sino integrar y buscar consenso. Si se lograra ese objetivo en Coalición Canaria podríamos afrontar otros puentes de relación con el resto de las fuerzas políticas de Canarias y el Estado, relaciones de las que yo soy partidario, siempre y cuando se anteponga el respeto a las ideas ajenas, sean cuales sean, dentro del magnífico marco democrático que estructura a España y Canarias desde hace tres décadas.

Sin duda, la cuestión política es importante, la ideología, la terminología o el afrontar de cara una posible reforma constitucional o estatutaria es relevante, pero la realidad no tiene las mismas coartadas que la política y cada día surgen datos que reflejan que en Canarias muchos sentimos, cuanto menos, que nos toman el pelo. La cuestión económica es un ejemplo. Desde algunas tribunas nos llaman llorones, porque, según ellos, no sabemos hacer otra cosa que pedir, pero cuando uno acude a las cifras, al dato concreto, no a impresiones, se demuestra que no es que tengamos razón, es que debemos exigir que se nos deje de engañar. Y ejemplos tenemos muchos.

El secretario de Estado de Hacienda (Ministerio de Economía y Hacienda) presentó el pasado 14 de mayo el balance de liquidación de los recursos financieros que las comunidades autónomas recibieron en 2006; unos recursos que, tras la liquidación del sistema de financiación, ascendieron a 110.030 millones de euros, un 12,7% más que en el ejercicio anterior. Así, el 78,9% de los recursos del sistema de financiación, 86.804 millones de euros, fueron transferidos por la Administración General del Estado a las comunidades autónomas, lo que supuso un incremento del 12,4% respecto al ejercicio anterior. En cuanto al reparto de esas cantidades entre las autonomías, Andalucía fue la que más recibió, 20.990 millones de euros; seguida de Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana. Por su parte, Canarias recibió 4.790 millones. Pero el dato escandaloso que se deriva de esta última cifra es que Canarias está a la cola cuando se analiza dicha inversión atendiendo al número de habitantes de cada comunidad autónoma. De hecho, la mayor inversión la recibió Cantabria (3.206,96 euros por persona), mientras que en el Archipiélago se redujo a 2.452,18 euros por habitante. Lo más sangrante de esta cifra es que se trata de la más baja de todo el Estado. La media nacional de inversión de los recursos se sitúa en los 2.688,97 euros por habitante, muy alejada, por tanto, de la canaria. Lo bueno, o lo malo, que tienen estos datos, es que son oficiales, dados por el Ministerio de Economía y Hacienda, así que no caben muchas discusiones sobre su veracidad, y se deducen de ellos con meridiana claridad que Canarias no sale nada beneficiada, todo lo contrario, perjudicada.

Hay que resaltar, además, que este problema financiero no tiene relación con el problema que se suscitó a finales del año pasado con los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008. Se trataba entonces de la baja inversión directa que iba a realizar el Estado en Canarias. De las propias fuentes del Ministerio de Hacienda se deducía que dicha inversión directa en Canarias iba a ser de 661,7 millones de euros. Así, la media de inversión nacional era de 543,8 euros/habitante y en Canarias la inversión por habitante era la de 327,7 euros, es decir, un 40% menos. Si la Comunidad Autónoma de Canarias hubiese recibido de acuerdo a la media estatal, debería haber recibido para inversiones unos 927 millones de euros.

Ante estos dos análisis numéricos, está claro que algo falla en un sistema de financiación autonómica cuyo proceso de revisión se ha abierto con la idea de implantar un nuevo modelo. En esto momentos existen en realidad tres sistemas: el establecido en la Constitución para las comunidades autónomas vasca y navarra (modelo foral), el establecido en el Estatuto de Autonomía de Cataluña después de su discusión y aprobación por el Congreso de los Diputados y el modelo general para el resto de las comunidades, pendiente de propuesta por el Gobierno para su discusión en la Consejo de Política Fiscal y Financiera. Hoy por hoy, es difícil decir hacia dónde vamos al no existir ni siquiera propuesta del Gobierno del Estado. Sin embargo, hemos llevado a cabo unos cálculos, cuyos resultados me parecen preocupantes para Canarias si se adoptase el modelo que contempla el Estatuto de Cataluña (recortar la solidaridad entre las Comunidades Autónomas y recurrir a las balanzas fiscales para establecer ese reparto). Así, tomando de referencia los datos de 2006 antes citados, el aumento de los ingresos impositivos para las comunidades de régimen general, con excepción de Cataluña, hubiera supuesto 7.886,06 millones de euros. El resultado sería que la media de crecimiento de financiación de las CC.AA. estaría en el 18,28%, creciendo las que más: Cataluña con un 21%, Madrid con un 25% y la Comunidad Valenciana alcanzaría casi el 20%. Pero la peor y más alarmante noticia es que con este modelo Canarias crecería tan sólo el 8% (7,8). Esto es lógico porque el modelo se basa en el incremento de los ingresos por IRPF, que Canarias sí que lo disfrutaría, y también del incremento de la recaudación por IVA, que Canarias no tiene, y de los Impuestos Especiales que en Canarias se aplican de manera menos intensa que en el resto del territorio. Estas carencias se suplen en Canarias con los ingresos procedentes del Régimen Económico Fiscal, en especial la recaudación por IGIC, pero sobre este no es de esperar muchos más incrementos de recaudación que los que ha habido hasta ahora. Es más, es de esperar disminuciones coyunturales en su recaudación, igual que en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, por la incidencia de la presente crisis internacional en Canarias, en especial en lo que se refiere al ámbito inmobiliario. Con lo cual un elemento diferencial de Canarias, como es nuestro régimen especial, se vuelve paradójicamente en nuestra contra, como si fuese una maldición bíblica.

En conclusión, tanto el modelo actual de financiación económica de las comunidades autónomas como el que plantea el Estatuto de Cataluña son perjudiciales para Canarias. ¿Debería, por tanto, el Archipiélago poseer un modelo propio que atienda a sus especificidades geográficas, sociales y económicas de carácter histórico? Creo que la respuesta es lo suficientemente importante para que las administraciones, los partidos políticos, los empresarios y la sociedad en su conjunto se pongan a trabajar en una contestación que debe encaminarse, sobre todo, a que seamos ciudadanos de primera, y no de segunda, como se desprende no de un sentimiento, que también, sino de la realidad de los números. Estamos inmersos en negociaciones sobre ese futuro financiero que puede marcar los próximos años en esta tierra. ¿Qué queremos para Canarias? Esta es la cuestión.

* Alcalde de Santa Cruz de Tenerife y diputado en el Parlamento de Canarias