Problemas con el castellano

Una de las primeras iniciativas parlamentarias de esta legislatura planteadas por el Partido Popular en la Cámara Alta ha sido una moción destinada a garantizar la enseñanza de la lengua castellana en toda España.

Para los que no están al día sobre el tema les adelanto que la propuesta del PP fue rechazada gracias a los votos del PSOE, de ahí que queramos hoy manifestar nuestro lamentar.

Lo único que se reclamaba al Gobierno de España era la puesta en funcionamiento de la Alta Inspección del Estado en las comunidades autónomas bilingües. Con dicha propuesta se consigue que el castellano, junto a la otra lengua oficial de la comunidad, esté presente en la enseñanza.

Los fundamentos que argumentan este planteamiento no se han sacado de la nada. Vienen recogidos en el artículo 3 de la Constitución española y se refieren al castellano como la lengua española oficial del Estado y donde todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

Es precisamente el derecho a usarla lo que hace que rechacemos la desgraciada y constante discriminación que sufren hoy miles de personas en algunas comunidades de nuestro país.

Aunque parezca sorprendente, en España hay más de 15 millones de ciudadanos que no tienen la opción de que sus hijos estudien en español. Estamos hablando de la lengua oficial del Estado y de cuatro comunidades autónomas donde dicha lengua ha sido expulsada de las Administraciones autonómicas y del sistema escolar. Gracias a la política de inversión lingüística, de estas cuatro comunidades el español se está convirtiendo en una lengua sin presencia en la vida pública e institucional.

Retomando la iniciativa del PP planteada en la Cámara Alta, rechazamos que el castellano no tenga el debido tratamiento en estos territorios y que en España no se lleve a la práctica un modelo de enseñanza bilingüe para evitar la discriminación de los escolares por cuestiones de la lengua. Es necesario que todos los escolares reciban la educación adecuada y ajustada a la realidad. Solo hay que recordar los datos en los que se demuestra que los peores resultados educativos se encuentran precisamente en las comunidades bilingües.

Respecto a estas cuatro comunidades, la única en donde aún se puede estudiar en español es en la del País Vasco, y es precisamente en estos centros educativos donde el 95% de los escolares desconoce el idioma en el que se imparten las clases. En esta comunidad, en teoría existe el sistema de tres modelos lingüísticos, lo que ocurre es que el reciente decretazo del lehendakari ha fijado unos mínimos del euskera propiciando con ello que se elimine el modelo de enseñanza en castellano mantenido por algunos colegios. Son miles los estudiantes castellano-parlantes que están obligados a estudiar en euskera a pesar de que su lengua familiar y habitual sea el castellano.

Es curioso cómo algunos políticos vascos se atreven a hablar sobre libertades y derechos del pueblo vasco cuando son ellos mismos los que están reprimiendo a sus ciudadanos al impedir elegir otras opciones.

En los casos de Galicia, Baleares o Cataluña, el sistema de inmersión lingüística está implantado desde hace más de 10 años. Aquí, la mayoría de los padres y responsables de los escolares prefiere que se pueda elegir el modelo lingüístico, pero la realidad es bien distinta. Los que defienden que sus hijos estudien en castellano están siendo criticados y juzgados injustamente. No es solamente una cuestión de defender unos derechos. Al prohibir que se estudie en castellano se está limitando el futuro de estos estudiantes.

Está más que probado el enorme esfuerzo (a veces insuficiente) que tienen que hacer los estudiantes que proceden de estos lugares y se desplazan a otras zonas de la península a cursar estudios universitarios. En la mayoría de los casos, el alumno no supera las expectativas deseadas. ¿Cómo lo hacen si ni siquiera saben escribir en la lengua en la que se imparte las diferentes asignaturas? Empezando por las faltas de ortografía y terminando por el desinterés del alumno al no sentirse cómodo, es lógico que el rendimiento sea negativo y pierda el primer curso académico.

En un amplio reportaje publicado el domingo pasado en un periódico de tirada nacional pudimos apreciar, con ejemplos muy cercanos al día a día, lo que está ocurriendo con la lengua española en estas zonas de España. Cuatro representantes de las diferentes plataformas que defienden el correcto uso del sistema bilingüe describieron cómo se sienten los ciudadanos y los problemas que están apareciendo ante la desaparición de la lengua oficial del Estado en los ámbitos educativos e institucionales.

Comentan cómo una persona que quiera ir a trabajar dentro de la administración a Cataluña o a Baleares no podría hacerlo, porque se exige un nivel C o D de catalán. En realidad, por poder sí que puede, lo que ocurre es que como esta lengua no es la oficial de nuestro país, la mayoría de nosotros no la tenemos incluida en nuestro sistema educativo. Es tan sencillo que no entendemos cómo no hacen caso de lo que acontece en la realidad.

Si a esta situación añadimos que también la mayoría de las personas que se sienten más identificadas con la lengua euskera, gallega o catalana, prefieren que se pueda elegir, ¿cuál es el problema? O mejor aún, porque el problema es obvio: ¿quién lo ha generado y por qué?

Parece más una herramienta política que un aspecto de arraigo sociocultural. ¿Quién está enfrentando a los ciudadanos entre sí? ¿Quién les está privando de un derecho? Son muchas las preguntas que nos vienen a la cabeza, pero mejor lo dejamos para otro día.

Otro componente añadido dentro de este pastel más sentido o pretendido que consistente sería el sentimiento negativo que se pueda generar en aquellos que están mal informados o en quienes no quieren ser conscientes de la realidad (peor nos lo ponen).

No se confundan los que piensan que los defensores del castellano rechazamos la pluralidad de los pueblos. Todo lo contrario. Queremos que se defiendan las lenguas minoritarias, pero no de la forma que están siendo defendidas y mucho menos si se atenta contra la lengua mayoritaria, como lo es el castellano.

* Senador por la isla de Tenerife, vicepresidente 2º y consejero del área de Sanidad y

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