El retraso en la ejecución de sentencias

EL RETRASO en la ejecución de sentencias, que se acerca al millón de resoluciones en todas las jurisdicciones, según el presidente del Consejo General de la Abogacía, el aragonés Carlos Carnicer, es un dato, y en el fondo, un termómetro del grado democrático en que realmente se vive en España. Ha tenido que haber una huelga de funcionarios de la Administración de Justicia, no autonómica, para exigir uno de los principios democráticos que la Constitución de 1978 sentenciaba tajantemente, como el de la igualdad, también en la disparidad tributaria, para que se haya puesto al descubierto todo ese escenario interior de despachos, de pasillos, de mesas, en que se amontonan los legajos judiciales, en los campos penal, civil -herencias, arrendamientos, propiedad horizontal, contratos-, administrativos -conflictos con la administraciones local, provincial o autonómica-, mercantil -sociedades, concursos-, laboral -salarios, despidos, indemnizaciones, etc.-. Con unos efectos que trascienden a los propios Registros de la Propiedad por la tardanza en llegar los mandamientos y las inscripciones dentro de plazo. O en la esfera notarial, con la paralización de la mecánica que supone, por ejemplo, la contratación administrativa o los requerimientos. Y lo curioso, se dice, es que "no pasa nada".

Y esto último, acaso sea el síntoma más grave. Cuando una sociedad que presume de democracia avanzada, "digiere" o "traga" ese retraso judicial, la Justicia, en su Administración, puede revelar que está enferma, o que otras cortinas de humo no nos dejan ver el bosque, salvo para cada ciudadano en particular y concreto, que ve alargado su problema, más o menos vital o urgente. Cuando la Justicia "no funciona" y además se produce tal inercia, también se puede subrayar que nuestra democracia está enferma. Y el ministro que tenemos, Sr. Bermejo, con todo respeto, habrá de aclarar esa salida de tono que confirma la gravedad de la cuestión, con poca prisa en resolver el problema, cuando entendía que el retraso se debe al franquismo. (También pudo decir que a la Guerra de la Independencia?).

Los romanos atraían a los pueblos que conquistaban no sólo con sus armas, sino especialmente con el Derecho. Ortega y Gasset, desde el lado existencial, los admiraba, porque el Derecho era algo vivido por el ciudadano romano. Tal vivencia era como un "anzuelo" para todos los que iban a ser súbditos del Imperio. Y, por tanto, sujetos activos de una serie de instituciones, inéditas entonces -la compraventa, la hipoteca, el matrimonio, la familia, la sucesión hereditaria...-.

Hoy, el principio de seguridad jurídica constituye el nervio de una sociedad dinámica, activa, creadora. Se han señalado muchas causas, y no pocos instrumentos para superar esa dejación. Unos son instrumentales -los medios técnicos y retributivos-, otros corporativos -la inspección- y otros personales -conciencia de la responsabilidad moral y profesional-. Algunos, anecdóticos (semana de 40 horas semanales).

Nosotros, en un trabajo para la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, presentamos una monografía sobre la selección y formación profesional en la Administración de Justicia. La realidad es que el Pacto de la Justicia apenas se estrenó, ni siquiera en ese punto. Tampoco esta cuestión que ya se había detectado fue objeto de debate electoral ni de consideración por los grandes partidos. No interesó el tema. Ni siquiera como valor democrático. Otra reflexión de autocrítica poselectoral que cabría hacer. Ha dado la sensación de que no interesaba demasiado. Y que la conflictividad en los derechos sea algo "particular". Pese a que como hemos apuntado antes, es nada menos que un termómetro de una democracia.

Finalmente, hay una causa aparentemente exógena que está fuera de las causas, pero que como regla general incide: la proliferación legislativa y su escasa técnica y hermenéutica jurídica. Eso en todos los órdenes provoca multitud de demandas de interpretaciones y de recursos. Tenemos un ejemplo próximo: la anunciada reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que pretende, sin modificar el artículo 16 de la Constitución, pasar de un Estado aconfesional a un Estado laico. Parece una cortina de humo. Porque no se entiende que allí donde hoy no hay problema se vayan a crear múltiples conflictos en muchos órdenes ante un modelo de sociedad que quiere construirse desde el poder.

* Jurista. Académico