NACHO MARTÍN, S/C de Tfe.
En pleno debate en determinados partidos políticos -Coalición Canaria, especialmente- sobre el encaje que el Archipiélago debería tener en el conjunto del Estado español, los datos objetivos no dejan lugar a dudas: en treinta años de autonomía las Islas se han situado en los primeros puestos del ránking de autogobierno, con un total de 119 competencias transferidas desde el Gobierno central, según la última estadística hecha pública por el Ministerio de Administraciones Públicas actualizada a diciembre del año pasado.
Si bien este dato por sí mismo no supone nada, lo cierto es que la comparación con lo que ha ocurrido con el resto de comunidades españolas es expresivo, ya que coloca a Canarias en el quinto puesto de materias transferidas, sólo por debajo de Cataluña -con 175-, Galicia -147-, Andalucía -143- y Comunidad Valenciana, con 130. Esto supone que esta última y las Islas encabezan el nivel de autogobierno de los territorios que accedieron a la autonomía por la vía lenta consagrada en el artículo 143 de la Constitución, si bien es necesario tener en cuenta el papel que la Ley Orgánica de Transferencias a Canarias (Lotraca) ha jugado en esta situación.
El impulso de la Lotraca
Precisamente, los datos del Ministerio indican que el mayor proceso de transferencias al Archipiélago se produjo entre los años 1983 y 1985, cuando se recibieron un total de 53 materias de golpe, justo después de que el Congreso de los Diputados elevara el nivel competencial al que podía accederse a través de la Lotraca, que situaba a la Comunidad autónoma a un nivel similar al de las nacionalidades históricas: Andalucía, Cataluña, Galicia y País Vasco.
De hecho, si bien las tres primeras están por delante en cuanto a su autogobierno, en la actualidad las Islas superan ampliamente el nivel de Euskadi, que ha recibido en su historia como autonomía apenas 91 transferencias desde el Estado.
El segundo período de transferencias más importante para Canarias se produjo en los años 1995 y 1996, precisamente la etapa en la que se realizó una reforma del Estatuto que, entre otras cuestiones, supuso su reconocimiento como nacionalidad y la modificación del sistema electoral con un sustancial incremento de las barreras para acceder al Parlamento.
Los últimos traspasos recibidos por el Archipiélago han sido de menor entidad y aún están pendientes algunas materias para agotar el marco de autogobierno contenido tanto en la Lotraca como en el Estatuto de Autonomía vigente.
Así, los últimos han sido el personal civil del Hospital Juan Carlos I de Las Palmas de Gran Canaria y los medios para el desarrollo del programa Escuelas Viajeras.
A partir de ahí, a Canarias le quedan por recibir transferencias como las materias de formación y empleo del Instituto Social de la Marina, los profesores de Religión, los Parques Nacionales, la Formación Profesional Continua, los seguros escolares y la sanidad penitenciaria, tal y como consta en los datos del Ministerio de Administraciones Públicas con referencia al mes de abril de este mismo año.
El Archipiélago, en cambio, no podría acceder a la gestión de las prisiones porque no está contemplada en su Estatuto de Autonomía.
En total, en los últimos treinta años el Estado ha traspasado a las comunidades autónomas un total de 1.892 competencias y un conjunto de 817.588 funcionarios con un coste efectivo que casi alcanza los 24.500 millones de euros, según informó ayer Efe tomando como referencia el citado informe del ministerio.
© Editorial Leoncio Rodríguez, S.A. |Aviso legal | Mapa del sitio | Publicación digital controlada por OJD
