EFE, Caracas
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, acusó ayer a la Interpol de haber asumido labores "que no le corresponden" al certificar, a petición de Colombia, el estado de los ordenadores del "número dos" de la guerrilla colombiana de las FARC, "Raúl Reyes", muerto en marzo pasado.
Además, denunció a los jefes de esa Policía Internacional por violar sus propias normas y actuar "en detrimento de Estados que son miembros", por lo que pidió que los 186 países asociados pongan "freno" a esa instancia.
"O le ponemos un freno a la Interpol o seguirán violando no sólo sus propias normas sino las de otros países", dijo Ortega a la emisora VTV de la red estatal.
Interpol certificó la semana pasada que no fueron alterados los ordenadores que le entregó el Gobierno de Colombia, que aseguró que pertenecen a "Raúl Reyes", dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) muerto junto a otras 25 personas en un ataque militar colombiano el 1 de marzo pasado contra un campamento ilegal guerrillero en territorio de Ecuador.
Ese ataque hizo que el Gobierno de Quito rompiera relaciones diplomáticas con Bogotá.
Los ordenadores contienen, según Colombia, documentos que vinculan a las FARC con los gobiernos del presidente venezolano, Hugo Chávez, y ecuatoriano, Rafael Correa, quienes rechazan esas acusaciones.
Equipos sin control
Ortega insistió, como ya hizo la semana pasada, que además de que la Interpol asumió una labor "no autorizada en sus estatutos", avaló una "cadena de custodia" de unos equipos sobre los cuales "nadie más tuvo control".
"Es un manejo irregular, viciado, de la cadena de custodia", añadió, y lo más grave, a su juicio, es que representantes de la Interpol "se prestaran para eso", dijo Ortega, al señalar entre "las irregularidades el creciente número" de aparatos que luego fueron certificados.
La fiscal declaró que primero las autoridades colombianas pidieron a la Interpol que supervisara "tres computadoras y tres dispositivos de almacenamiento USB", cinco días después agregaron "dos discos externos" y finalmente se entregaron a Interpol "dieciocho documentos". La fiscal general venezolana concluyó que "por la premura de querer buscar un culpable hicieron cosas apresuradas".
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