Costas no invertirá en Las Teresitas hasta que se resuelva el caso judicial

MÉNDEZ/ÁLVAREZ, Tenerife

La Gerencia de Urbanismo recibió ayer un informe de la Abogacía del Estado fechado el pasado 23 de abril en relación al "convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Santa Cruz" para desarrollar las obras de rehabilitación en el frente de Las Teresitas, según el proyecto del arquitecto Dominique Perrault. El informe analiza la sentencia del Tribunal Supremo y advierte de que habría que devolver los terrenos a sus legítimos propietarios o, en su defecto, abonar el valor del suelo. Hasta la fecha no se ha firmado ningún convenio con Costas para las obras de Las Teresitas, ya que hay procesos judiciales pendientes de resolución. Urbanismo no puede ejecutar ninguna obra en la playa porque el competente para darle el permiso es Costas. En el informe hay dos párrafos en que se contradice la Abogacía, según fuentes municipales. Por un lado, afirma que la sentencia del TS permite subsanar los errores en la compraventa, mientras que en otro más abajo, obviando el dictamen del TSJC, afirma que se debe retrotraer el estado del frente de la playa hasta antes de la compra, pero no aporta soluciones ni confirma o niega que se pueda ratificar un convenio entre ayuntamiento y Costas.

Urbanismo solicitó a Costas una definición específica respecto a ese convenio entre administraciones, nunca firmado, aunque se estableció un protocolo e, incluso, se adjudicaron las obras que correspondería financiar al Estado. Todo ello, después de que la Dirección General "sugiriese" que se procediera a la paralización de los trabajos que se venían acometiendo en el frente de la playa. La duda en todo este asunto estriba en cuál es y dónde está el deslinde marítimo-terrestre a aplicar y definir con absoluta claridad en qué suelo público se está actuando, si es el de propiedad municipal o en el de Medio Ambiente. Todo surge a raíz de la duda sobre si se compró suelo que ya era público.

El informe.- El escrito está firmado por el abogado del Estado y fechado el pasado 14 de abril, aunque tuvo entrada en el Ministerio de Medio Ambiente el día 23 del mismo mes. Dicho informe explica que "la razón de que se haya solicitado un nuevo informe radica en que por sentencia del Tribunal Supremo se ha declarado contrario al ordenamiento jurídico el contrato de compraventa llevado a cabo por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en fecha 18 de septiembre de 2001, que se refiere a los terrenos cuya cesión se recoge en el convenio". El abogado del Estado añade que, "al respecto, se informa de que efectivamente se ha anulado aquel contrato por sentencia (del TSJC), en virtud de su anulabilidad por cuanto se omitió en el expediente administrativo municipal el preceptivo informe sobre el precio del contrato. Se trata de un mero defecto de anulabilidad y no de nulidad de pleno derecho". Pero el informe parece contradecirse cuando concluye señalando que "la cuestión que ahora se está discutiendo es si resultaría posible proceder a subsanar ahora aquel defecto o, por el contrario, y tal y como consideramos más correcto, la convalidación de actos anulables sólo es jurídicamente posible antes de su efectiva anulación por un órgano jurisdiccional. Según esta última postura, que es la que consideramos acertada, el contrato debe entenderse resuelto y las partes proceder a devolver las prestaciones realizadas".

"No es lo que se pidió".- Luz Reverón comentó que "el informe no contesta a lo que pedía Urbanismo porque no se pronuncia sobre el convenio de Las Teresitas, sino que hace un juicio de valor sobre la sentencia del TS, en que se declara la nulidad de la compraventa. Hubiera preferido un sí o un no contundente. Con este informe tengo la sensación de que Costas se lava las manos y no contesta. Pese a todo, las 11 parcelas del frente de playa son, según consta en el Registro de la Propiedad, del ayuntamiento". La concejala pedirá una reunión en Madrid con Costas porque "voy a defender la playa".