DESDE SIEMPRE existe en nuestro país una arraigada tradición familiar. Encuestas de todo tipo lo confirman y resaltan la importancia que los españoles conceden a la familia en su vida. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha recogido en varios de sus indicadores que la familia es la institución mejor valorada por los ciudadanos. El informe Coca-Cola de la felicidad -marzo de 2008- revela que son más felices los que tienen una relación óptima con la familia, un 77,9% de la población.
En un reciente estudio del Observatorio de Tendencias de la multinacional de móviles Nokia -abril de este año-, los jóvenes de 15 a 35 años expresan que la familia es lo prioritario en sus vidas, pero el Estado y muchas administraciones autonómicas siguen sin comprometerse con la familia.
Como reseñaba este periódico el pasado viernes, Día Internacional de la Familia, «España es el país de la Unión Europea (UE) que menos recursos destina a la familia, con un 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB), frente al 2,7% que dedican el resto de países europeos? Las familias con dos hijos reciben en Luxemburgo 687 euros; en Alemania, 308; en Irlanda, 283; y, en cambio, en España a la misma familia sólo le corresponden 48 euros, siempre que no supere los doce mil euros de ingresos anuales. Y la media de natalidad española está en 1,37 hijos por mujer, frente al 1,56 de media europea». A mí siempre me cuesta entender lo de 0,37 o 0,56 de niño o niña.
A la vista de estos datos, resulta evidente la dificultad que existe en España para arriesgarse a la aventura de formar una familia, sacar adelante un proyecto familiar digno y traer hijos al mundo, y después criarlos, educarlos y colocarlos. Porque no debemos admitir una pretendida política familiar, para mí perversa, en la que el Estado sustituya a los padres en la crianza y educación de los hijos. En este caso, la labor del Estado es o debe ser subsidiaria. Coincido con el director del Congreso Internacional sobre Familia y Sociedad, celebrado hace unos días en la Universidad Internacional de Cataluña, cuando afirma que: «Para solucionar estas cifras -se refiere a las arriba señaladas- es necesario destinar más recursos a la familia y concienciar a la sociedad de que algo está fallando».
Están fallando los gobiernos por falta de una política familiar justa y eficaz, y una educación seria e integral y que fortalezca los valores familiares. Está fallando la sociedad a todos los niveles, porque la imagen social que se está dando del matrimonio, de la familia y de la vida familiar es francamente mala. Basta ver la imagen de algunos de nuestros políticos y ciertas instituciones, por ejemplo, la Real Academia, que ahora anda buscando una definición del matrimonio. Así como también la mayoría de los canales de televisión, algunas emisoras de radio y determinadas revistas y periódicos, cuando abordan algún tema sobre el matrimonio o la familia. En la mayoría, su programación y contenidos son eminentemente antifamiliares.
Los presupuestos destinados a la familia no son un gasto a fondo perdido, sino una inversión que se recupera con creces a medio y largo plazo, puesto que la familia es la clave para la cohesión social, el primer lugar de socialización de los individuos y donde se hacen personas. Es la institución en la que se aprende a vivir valores sólidos -la solidaridad, el respeto, la tolerancia y la laboriosidad, entre otros-, valores que no se van a poder aprender en ningún otro sitio y que son imprescindibles para la posterior incorporación a la sociedad, como buenos ciudadanos y ciudadanas. Según mi experiencia y la de otros muchos, la convivencia con hermanos y hermanas en la familia contribuye a un comportamiento democrático, creativo y generoso, mucho más estable y arraigado que cualquier teoría o explicación estudiada en un libro de texto.
Con razón, el Instituto de Política Familiar reclama que todos los países de la Unión Europea, de la que España forma parte, destinen, como mínimo, el 2,5% del PIB a gasto social familiar en un plazo de cinco años. Considera, además, que la "universalización de ayudas sin límites de ingresos" de 125 euros al mes por hijo hasta los 18 años, redunda directamente sobre la tasa de natalidad y previene la pobreza infantil. Pide que los países establezcan "objetivos de convergencia fiscal en cuanto a la exención de impuestos a las ayudas familiares" y recuerda que se debe establecer un mecanismo de actualización anual de las ayudas destinadas a las familias.
Como nos recordó don Bernardo, el obispo de nuestra diócesis, el domingo pasado en Candelaria: "[?] trabajar por la familia, por su identidad, sus valores, derechos y deberes". Y subrayó: "La familia es el santuario de la vida y el amor. Por lo tanto, es lo mejor que tenemos porque no hay nada más grande que el amor".
* Orientador Familiar
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