Los cabildos piden autonomía para aplicar las leyes sobre territorio

EUROPA PRESS, S/C de Tfe.

Los presidentes de los cabildos canarios (FECAI) pidieron ayer al presidente canario, Paulino Rivero, un trato específico para cada territorio insular en la futura Ley de Medidas Urgentes, así como más tiempo para evaluar el impacto del borrador del texto, pues ocho días es insuficiente.

Así lo manifestaron el presidente de la FECAI, Tomás Padrón, y el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Pérez, en Presidencia del Gobierno canario, donde se reunieron junto a sus homólogos con Paulino Rivero.

Para Padrón, "pasa lo de siempre", pues se definen normas "de forma general" cuando hay que "entender cada territorio en su contexto", apuntó en referencia al objetivo de la nueva norma de no consumir ni un metro más de suelo turístico y sólo permitir alojamientos nuevos a cambio de la renovación o sustitución de los antiguos.

Sin embargo, islas como La Gomera no tienen un "turismo masivo" y está "deseando" incorporarse a la actividad turística como complemento a su economía, mientras en otras islas el desarrollismo necesita ser frenado.

Por este motivo, pedirán medidas diferenciadas y que las islas tengan capacidad para organizar y gestionar sus propios planes territoriales, pues donde no hay hoteles y apartamentos es "lógico" que las islas pretendan que se pueda construir.

Padrón no se mostró partidario de que las islas eternicen su planeamiento, y acepta que el Gobierno mantenga el seguimiento y control, pero la intención de los cabildos es tender a la descentralización, advirtió frente a la intención del Gobierno de rescatar aquellos que no estén culminados en trece meses.

La Fecai pide más tiempo

Una vez que los planeamientos insulares estén aprobados y discutidos en el seno de la COTMAC, prosiguió Padrón, son los cabildos los que deben definir "el día a día de sus actuaciones".

En cualquier caso, subrayó que el mayor problema es el enredo que se produce entre tanta "normativa, leyes y contraleyes", por lo que se mostró partidario de estudiar el borrador, que contiene medidas para agilizar los trámites burocráticos, y que "esa ley salga lo antes posible".

Aún así, Pérez declaró a la salida de la reunión que un plazo de ocho días para que los cabildos se pronuncien, a pesar de la urgencia por contar con esta norma, es insuficiente.

Agregó que hay "coincidencia general" en la necesidad de racionalizar el territorio y de incentivar la inversión y la economía "clarificando la llave esencial, que son los planeamientos". Pérez avanzó que será objeto de controversia la pérdida de peso de la decisión parlamentaria en materia turística.

Por otra parte, durante la reunión se trató la marcha de los planes sectoriales, por los que se acometen obras en colaboración entre las diversas administraciones.

El objetivo es analizar el grado de ejecución de estos planes y poder cambiar las obras cuando no se puede ejecutar por impedimentos burocráticos, como los relativos al patrimonio histórico, y abrir nuevas vías de inversión, por ejemplo para el sector industrial o de emergencias, citó.

Pérez se refirió, asimismo, al recorte previsto en la recaudación autonómica y por tanto en las transferencias a cabildos y ayuntamientos.