Algo más que una crisis

HAY CRISIS difíciles de prever o, incluso, imposibles de vislumbrar. Salvo que el adivino en cuestión tenga una buena bola de cristal, claro; o sea un santero de reputada solvencia, como el que pone velas en el despacho de determinado alcalde, a la espera de un futuro que ninguno de los dos -concejal y regidor- vislumbra mejor. Pero ese es otro asunto. Desde luego, ninguna lumbrera de estos alrededores predijo el hundimiento de las "hipotecas basura" -o sub prime, para quienes hablan inglés- en Estados Unidos. De hecho, si alguna lumbrera vernácula hubiese sido capaz de anticipar dicho crack, probablemente ya no estaría por aquí sino impartiendo docencia en Harvard. La crisis de la construcción en Canarias, al contrario, la veía venir hasta el bobo de Las Ramblas. Sobra añadir que nadie quiso mover un dedo. Fundamentalmente porque cualquier medida correctiva complicaba la situación en forma de problema añadido. La fórmula era, quizá, desinflar el sector poco a poco; propiciar un aterrizaje suave. No obstante, esas tomas de tierra sin catástrofe sobrevenida resultan difíciles cuando el vuelo ha alcanzado alturas estratosféricas.

Durante meses, inclusive durante años, la respuesta de políticos y empresarios ha sido dejar el problema pendiente. A ver si escapamos hoy; a ver si escapamos esta semana y este mes. Luego, cuando llegue lo inevitable, ya veremos. Y lo inevitable ha llegado.

Echo mano de algunos datos no para alarmar al personal, sino para centrar la magnitud del aprieto. En enero de este año había 21.416 parados en el sector de la construcción sólo en la isla de Tenerife, guarismo que en abril se había transformado en otro marcadamente superior: 26.240. Por si fuera poco, la CEOE-Tenerife pronostica 23.000 desempleados más en este sector de aquí a finales de año, así como la pérdida de 7.000 empleos adicionales en empresas no netamente constructoras, pero sí dependientes de ellas para su viabilidad.

El recurso a las obras públicas y la edificación de viviendas de protección oficial paliará el problema, pero sólo un poco. Por cada veinte obreros que requiere la construcción de un edificio, las obras de infraestructuras emplean sólo a uno. Las carreteras hoy las hacen las máquinas, no los peones de antaño con pico y pala. Por supuesto, en una situación de crisis, como es el caso, las administraciones públicas poseen menos recursos -ingresan menos impuestos- para afrontar grandes obras. En cuanto a las VPO, suponen sólo un 5 por ciento del total de las viviendas construidas. Una cifra ciertamente exigua. Siempre queda la posibilidad de recolocar al personal excedente en otros sectores, aunque tampoco. Las estimaciones más optimistas de los sindicatos hablan, como mucho, de un 25 ó 30 por ciento. El 70 por ciento restante está condenado al paro, al menos en primera instancia.

¿Quién es el culpable de todo esto? Todos. Los sucesivos gobiernos, incapaces de aplicar una moratoria aprobada por el Parlamento de Canarias, la irrupción en el sector de la construcción y la promoción inmobiliaria de especuladores oportunistas -ajenos por completo a las empresas serias- y, sobre todo, el inmenso error de permitir que la RIC se pudiera invertir en el negocio del cemento. Ya me dirán cómo lo arreglan ahora.

rpeyt@yahoo.es