EFE, Las Palmas
El consejero de Economía del Gobierno canario, José Manuel Soria, reclamará al Estado 1.200 millones de euros más al año para las Islas, de los cuales 500 corresponden a la reforma del sistema de financiación autonómica. Soria advirtió ayer de que será firme en esta reivindicación a pesar de la coyuntura económica, que también afecta al Archipiélago, y de la cordialidad existente entre el Ejecutivo canario y central.
El Gobierno regional defenderá esta posición en el Consejo de Política Económica Fiscal y Financiera que comienza hoy en Madrid, y que el consejero confía que se desarrolle en un buen ambiente, pues, a su juicio, los principios que plantea el Estado son un buen punto de partida, si bien el mayor obstáculo se encuentra en el papel que desempeñará el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Asimismo, explicó que de estos 1.200 millones de euros, sólo 500 se enmarcan en la negociación de la financiación autonómica, pues del resto, 400 corresponden a la diferencia que existe entre la inversión per cápita de Canarias y la media nacional, que por la ley del Régimen Económico y Fiscal (REF) deben converger, y 300 son por compensaciones del IGIC que no tienen sentido desde que el resto de autonomías comenzó a participar de la recaudación del IVA. Según Soria, esto conlleva que Canarias deje de entregar 300 millones al año al Estado en concepto del IGIC que se recauda en las Islas.
En cuanto a los 500 millones enmarcados en la financiación autonómica, se deben a los criterios demográficos, que no han cumplido una función realista desde el año 1999 hasta la actualidad. José Manuel Soria no reclamará esta deuda con carácter retroactivo, pues asegura que, aunque no se ha adecuado a la realidad, el reparto ha sido legal. Sin embargo, apuesta por corregir esta disfunción y que el criterio demográfico sea actualizado.
El Archipiélago quiere que se tomen como referencia los datos más recientes, así como el nivel de prestaciones que se ofrece derivado del incremento poblacional, a lo que, a su entender, se debe sumar una ponderación homogénea y actualizada de la insularidad y del coste de la lejanía.
En este sentido, el Ejecutivo canario aboga por mantener los tres bloques de financiación: el primero de ellos, referido a competencias comunes, supone el 56% de la financiación; el segundo, sobre prestaciones sanitarias, un 42,6%, y el tercero, relativo a la Seguridad Social, apenas representa el 1,5% restante.
En cuanto al Fondo de Suficiencia, creado para compensar a las comunidades autónomas cuyas recaudaciones tributarias no alcanzan para cubrir sus necesidades, el Gobierno regional propone que se aplique el mayor índice que arroje su economía o la variación de recaudación. Asimismo, propone que se introduzcan correcciones en la cohesión sanitaria, pues en Canarias se producen disfunciones por prestaciones a ciudadanos no residentes.
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