EL DÍA, S/C de Tenerife
Miembros del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron a una organización criminal, integrada por tres personas, que está acusada de un presunto tráfico ilegal de personas entre África y el Archipiélago.
La investigación fue desarrollada por agentes del grupo II de la Unidad contra redes de inmigración y falsedades documentales de Santa Cruz de Tenerife, que llevaron a cabo las detenciones de los miembros del grupo, que tenía como actividad principal introducir en el territorio común europeo a ciudadanos africanos, mediante la concertación de matrimonios de conveniencia, por lo que obtenían un cuantioso beneficio económico.
La "operación Alondra" comen-zó en junio de 2007 y finalizó con la detención de las tres principales integrantes de la red, identificadas como S.O.B., de origen nigeriano y considerada la principal implicada, y M.E.C.H. y M.C.P.P., naturales de la capital tinerfeña, por colaborar estrechamente con la primera.
El modus operandi comenzaba en Nigeria con la captación de personas que, por su estado de necesidad, deseaban buscar una vida mejor en Europa y pagaban importantes sumas de dinero a las traficantes.
Después, la red captaba a personas españolas que estuvieran dispuestas a contraer matrimonio a cambio de dinero en los barrios más desfavorecidos de Santa Cruz de Tenerife, a quienes se les ofrecía 3.000 euros.
En muchos casos, las mujeres seleccionadas en la capital tinerfeña eran jóvenes madres solteras con grandes necesidades.
Los matrimonios tenían lugar en Banjul (Gambia) por las facilidades institucionales que proporciona el bajo control existente sobre los organismos públicos.
Los principales investigados pretendían ocultar una actividad delictiva con ingresos disimulados bajo los propios de una ONG que supuestamente se dedicaba a la ayuda a niños necesitados del continente africano.
A la organización criminal desarticulada se le atribuye la concertación de más de una veintena de matrimonios de conveniencia.
Los policías nacionales han intervenido un vehículo, varios ordenadores y gran cantidad de documentación relacionada con la actividad delictiva.
La titular del Juzgado de instrucción número 4 de Santa Cruz decretó el ingreso en prisión de las dos principales implicadas, S.O.B. y M.E.C.H., a la vez que dejó en libertad a cuatro personas más.
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