El Atlante como bandera

Á. MORALES, La Orotava

Por sus triunfos judiciales, por la acampada de 19 noches, por la lucha contra estamentos y entidades de gran poder pero, sobre todo, por su constancia y sustancia argumental, el Movimiento Vecinal Atlante se ha convertido, como ya ocurriera con la Coordinadora El Rincón en los años 80 y 90, en un nuevo referente insular, en este caso de la defensa del patrimonio arquitectónico, histórico y sociocultural. La nueva asociación de vecinos de San Agustín, en Los Realejos, lo toma como ejemplo en su intento por desarrollar el derecho a la participación ciudadana. El espíritu Atlante se extiende.

"El Movimiento Vecinal Atlante es un gran ejemplo". Así de contundente se muestra Damián Marrero, uno de los portavoces del recientemente constituido Movimiento Vecinal San Agustín, de Los Realejos, que trata de impedir que se "imponga" el proyecto de zona comercial abierta para este núcleo promovido por el ayuntamiento y el Cabildo. En la reciente presentación de su colectivo, Marrero resaltó la trayectoria, los logros y las aportaciones del Movimiento Atlante.

Al enorme triunfo judicial logrado en septiembre de 2007, cuando el TSJC le dio la razón con contundencia y dejó en muy mal lugar al gobierno orotavense y al Cabildo, los vecinos críticos sumaron esta semana un nuevo éxito, en este caso de la Coordinadora, si bien existe una estrecha relación entre ambas entidades. La decisión de un juzgado de estimar el recurso interpuesto por la Coordinadora contra el acuerdo del Cabildo de abril de 2006 sobre la casa 26 de la calle Nicandro González supone un nuevo hito en la lucha por el patrimonio en la Isla.

Este inmueble fue derribado parcialmente por la constructora que también tiró el célebre Teatro Atlante para construir un edificio de viviendas y garajes en pleno casco. La resolución judicial obliga ahora a reconstruir la casa por su valor patrimonial y por seguir tirándose cuando las obras habían sido paralizadas.

El acuerdo del Cabildo que ahora se anula desestimaba el recurso de la Coordinadora contra otra decisión de la Administración insular de enero de 2006. El Cabildo había impuesto en ese momento a Pejomar una sanción económica por la destrucción de la cubierta del inmueble, pero no le obligaba a reparar el daño. El gobierno insular argumentaba que la Comisión de Patrimonio había dictaminado de forma favorable sobre el futuro edificio, que requería varias demoliciones. El Cabildo también consideraba que carecía de sentido ordenar la reconstrucción de un inmueble cuando con posterioridad se iba a autorizar la construcción de 51 viviendas y sostenía que la reparación del daño no mejoraba el conjunto histórico.

Sin embargo, el TSJC, en su sentencia del 28 de septiembre de 2007, anuló la licencia que autorizaba esta edificación, señalando, entre otros incumplimientos, que se permitió "una flagrante vulneración de la normativa de protección del patrimonio histórico".

La Coordinadora sostuvo que los acuerdos del Cabildo vulneraban lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, que señala en su apartado 1 que "en la misma resolución que imponga la sanción que resulte procedente, la Administración ordenará al infractor la reparación de los daños causados".

La justicia le da la razón ahora y declara nulo el acuerdo de abril de 2006, ordenando la reposición del daño causado ilegalmente. Desde el Movimiento Atlante se resalta esta medida y se confía en que CC vaya en serio ahora en las negociaciones para resolver el conflicto. Según resaltan, Pejomar no ha pedido indemnizaciones.

Este nuevo éxito de la Coordinadora y el Movimiento Atlante agrandan su conversión en un referente insular en la defensa del patrimonio y la participación, lo que ya está dejando claras muestras con el surgimiento de nuevos movimientos de vecinos que enarbolan la bandera del Atlante.