COLPISA, Madrid
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, respondió ayer al Parlamento vasco que el Gobierno no ampara las torturas y calificó de "muy grave" e "incierta" la resolución en tal sentido aprobada el viernes en la Cámara de Vitoria.
Los partidos que apoyan al Gobierno Vasco (PNV, EA e IU) junto al PCTV, suspendido por sospechas de colaboración con ETA, y Aralar defendieron en su resolución que el Ejecutivo nacional ampara de forma "sistemática" a la Guardia Civil y a la Policía ante las denuncias de torturas, y que no toma medidas para impedir los malos tratos, que "no son aislados".
El ministro del Interior declaró en Cádiz que, aunque "todo el mundo sabe que ETA da instrucciones a sus militantes de denunciar torturas inmediatamente después de ser detenidos", el Gobierno "no ampara nada, y mucho menos las torturas". Aseguró que las denuncias de torturas "se investigan todas" y que "los primeros y más interesados en que esas investigaciones se lleven a cabo y en que el Estado de derecho actúe son la Guardia Civil y el Ejecutivo".
Pérez Rubalcaba recordó que justo las denuncias que motivaron la resolución del Parlamento vasco, las presuntas torturas a Igor Portu y Martín Sarasola, dos de los etarras que volaron la T-4, "están investigándose en este momento en sede judicial". La réplica del ministro tuvo respuesta en pocos minutos desde el Gobierno vasco. A través del consejero de Interior, Javier Balza, pidió "todo el respeto" para la resolución porque está aprobada por la mayoría de la cámara de Vitoria.
La reacción más airada fue la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que pidió al presidente José Luís Rodríguez Zapatero que no reciba el martes en La Moncloa al lehendakari, Juan José Ibarretxe, tal y como está previsto, como respuesta a la "ofensa" que el Parlamento vasco ha hecho "a todos y, sobre todo, a la Guardia Civil".
Los lados de la balanza
Esperanza Aguirre recordó que la acusación a la Guardia Civil se produjo "sólo 48 horas después de haber enterrado al último servidor público víctima de los terroristas de ETA", a lo que añadió que, "de ninguna manera, se puede poner en el mismo lado de la balanza a los terroristas y a los asesinados".
El Ejecutivo no parece que vaya a secundar la reclamación de Aguirre porque tanto Pérez Rubalcaba como la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, dieron por hecho la celebración de la reunión en la que se discutirá sobre la reforma del Estatuto de Guernica.
Los ministros coincidieron en que el Ejecutivo está "dispuesto a dialogar" y a llegar a acuerdos, pero que cualquier propuesta tiene que tener en cuenta que el límite siempre será "la Constitución y la ley", porque "esas reglas no se las puede saltar nadie".
El PNV, por boca de su presidente, Iñigo Urkullu, pidió a Rodríguez Zapatero que no rechace de entrada la propuesta "abierta" del lehendakari, porque su partido está predispuesto a "un acuerdo flexible".
Por otra parte, el ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, ensalzó ayer las palabras de María Victoria Campos, la viuda del guardia civil asesinado por ETA en la localidad de Legutiano (Álava) Juan Manuel Piñuel, y dijo que demuestran "un gran valor" que representa un acicate para seguir trabajando.
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