Gobierno e irresponsabilidad

LA primera obligación que ha de atender un gobierno es la de satisfacer las necesidades de la sociedad a la que sirve. Nunca serán los ciudadanos los que se encuentren a disposición de aquellos que son elegidos para administrar los bienes comunes. Y esa y no otra es la realidad que rige en democracia. Por ello, no es admisible en ningún sentido que desde el poder se haga dejación de las responsabilidades; sobre todo, cuando, además de la incapacidad y la desidia, se pone en juego un cierto afán revanchista derivado del no cumplimiento de determinadas ambiciones personales en el ámbito de la política.

El Gobierno de Madrid está empeñado en hacer pagar a Tenerife y al resto del Archipiélago el que su candidato, aquel que fue forzado por su partido a abandonar los salones capitalinos para intentar medrar en las Islas, no hubiese obtenido el suficiente respaldo ciudadano para conseguirlo. Así, una y otra vez se empeña en paralizar proyectos y desechar iniciativas con el absurdo objetivo de que esa inacción sea asociada a quienes asumimos la gestión pública en esta tierra.

Porque, para nuestra desgracia, son muchos los ejemplos, a cada cual más preocupante. Hace escasas fechas conocíamos detalles del desastre organizativo que impera en la Justicia, con más de 5.000 sentencias sólo en esta provincia, a la espera de ejecución por falta de personal. Esa es precisamente la cartera que ocupaba antes de su obligado traslado el aspirante socialista, López Aguilar, siempre muy presto para buscar el enfrentamiento con los demás pero poco ágil a la hora de ejercer su responsabilidad. No se puede aceptar una situación semejante, porque con ello se hace un daño muy serio al Estado de Derecho.

Lamentablemente, a esa falta de respuesta a una realidad desbordada debemos añadir otras cuestiones de gran importancia, en muchos casos verdaderamente trascendentales. Ahí se encuadran, sin ir más lejos, los continuos incumplimientos a las promesas de instalar un servicio de vigilancia eficaz para prevenir la llegada de inmigrantes ilegales a nuestras costas. Este ha sido un espectáculo que el Gobierno de Zapatero se ha dedicado a observar durante años como un hecho curioso sobre el que no tenía nada que decir. La incompetencia en este punto ha sido tal que, cuando lo han intentado, les ha resultado imposible ocultarla o, al menos, disfrazarla.

Esa misma incapacidad podemos apreciarla en el proyecto de reparación de la catedral de La Laguna, un edificio emblemático que requiere una actuación inmediata para eliminar los desperfectos que sufre debido a su antigüedad y a la climatología. Ello parece no preocupar en La Moncloa, porque hasta la fecha todo ha sido obstáculos para retrasar el inicio de los trabajos, una forma de actuar obstruccionista que se extiende también a otros campos.

Ahí tenemos el ejemplo de las líneas de tren al Sur y al Norte. Se trata de proyectos que han de ser financiados enteramente por el Estado, al igual que a lo largo de la historia ha ocurrido en las comunidades peninsulares. Sin embargo, desde Madrid se intenta entorpecer el proceso de construcción proponiendo una simple participación financiera que en modo alguno resulta aceptable. Y mientras, el inicio de los trabajos no se puede fijar en el calendario.

Otro tanto ocurre con el fiscal especial que Zapatero se comprometió a destinar para investigar el incendio que el pasado año afectó a los montes tinerfeños y solucionar el problema que ocasionan los incendiarios que continuamente actúan en Los Campeches. Vino a la Isla obligado por las circunstancias, realizó su promesa e inmediatamente después se olvidó de ella.

Como parece que también ha borrado de su mente la creación del Instituto Vulcanológico. Varias veces nos han confirmado que se llevaría a cabo la iniciativa, pero hasta el momento no hay una solución y los isleños seguimos sin disponer de una herramienta fundamental que nos permita prevenir e intervenir en caso de que se produzca una posible erupción.

Entendemos que no podemos continuar por este camino, que el Gobierno de Madrid no puede perjudicar sistemáticamente a los tinerfeños. Exigimos un cambio de actitud y que Zapatero y sus ministros se comporten de una vez como lo que son, servidores del pueblo.

* Presidente del Cabildo de Tenerife