La clarificación de la derecha

UN NUEVO asesinato ha venido esta semana a engrosar la lista de crímenes de la ETA: el guardia civil Juan Manuel Piñuel, de guardia en la casa cuartel de la localidad alavesa de Legutiano, fue, casi milagrosamente, la única víctima mortal de la furgoneta bomba que los asesinos colocaron de madrugada. La casa quedó destruida, a pesar de lo cual salvaron la vida las veintinueve personas que esa noche la habitaban.

La condena de este atentado, como tantas otras veces, ha tenido como únicas excepciones los partidos políticos que forman parte de la ETA: Partido Comunista de las Tierras Vascas y ANV. Los nacionalistas con presencia en el Congreso de los Diputados, como el PNV, se han sumado también esta vez a la condena. En otras palabras, la reacción tras este nuevo golpe a la convivencia ha tenido las mismas características de siempre.

Sin embargo, la propaganda del Gobierno la ha presentado como si estuviéramos ante la novedad sensacional de la "unidad contra el terrorismo", como si en ocasiones anteriores el PP o el PNV no se hubieran sumado, como si la actitud del Partido Popular fuera una especie de acto público de arrepentimiento por su negativa persistente a avalar la política del Gobierno respecto de la ETA a lo largo de la Legislatura pasada.

Cheque en blanco

¿Por qué se comporta de esta extraña manera el Gobierno? Una pista para averiguarlo nos la dieron el presidente y la vicepresidente cuando fueron preguntados, en distintas ocasiones, sobre si la reacción unánime de las fuerzas parlamentarias podría ser el prólogo a un nuevo pacto antiterrorista o a la revitalización del que ya se firmó en su día. Rodríguez Zapatero contestó diciendo que la cuestión no es hacer pactos, y menos por escrito, sino la confianza, el clima de confianza. Y Fernández de la Vega, tras el Consejo de Ministros del viernes, repitió lo mismo, con la sola sustitución de la "confianza" por la "unidad".

Si traducimos la neolengua zapatérica al castellano inteligible, lo que ambos gobernantes han dicho es, por una parte, que no habrá más pactos, y menos por escrito, en los que ellos se vayan a comprometer a no negociar con los asesinos, si llegase el caso; por otra, que interpretan la condena del PP al atentado y su ofrecimiento de colaboración en la lucha contra el terrorismo como un cheque en blanco para secundar al Gobierno, haga éste lo que haga.

"Confianza" y "unidad" quieren decir, en la neolengua zapatérica, que si un día el PP se opone a una nueva negociación del Gobierno con los terroristas, volverá a ser el responsable de la "crispación", volverá a quedarse solo en las votaciones del Congreso, volverá a tener vedada cualquier clase de alianza con los nacionalistas y, en consecuencia, volverá a la oposición indefinidamente, a no ser que gane las elecciones con mayoría absoluta. En suma, la presentación que el Gobierno hace de la actitud del Partido Popular tras este atentado es tanto una petición de cheque en blanco como una amenaza si no lo obtiene.

María San Gil

El atentado de Legutiano, pues, no va a ser ningún punto de inflexión de nada en la política española, como lo fue, en cambio, el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Las cosas están, desde el punto de vista de su trascendencia política, exactamente como estaban la víspera del crimen. Podría haberse producido un cambio de actitud en el Gobierno, que lo hubiera llevado a proponer en el Congreso la revocación del acuerdo parlamentario que lo autorizaba a negociar con los asesinos; podría haberse anunciado el proyecto de disolver los Ayuntamientos en los que la ETA, a través de su brazo político, se dedica a incumplir sistemáticamente la ley; cualquier cosa nueva que permitiera pensar en un efectivo cambio, y no en un mero giro propagandístico. Pero, no. Estamos donde estábamos, y como estábamos, y sin perspectivas de que las cosas vayan a cambiar.

¿Del todo? Como en los tebeos de Astérix, habría que decir: ¡No! Del todo, no. Algo parece que puede cambiar. Concretamente, la actitud política general del PP, que en vísperas de su congreso de junio da la impresión de querer acercarse a los partidos nacionalistas, no se sabe a qué precio.

Lo que era una percepción más o menos vaga, más una intuición que otra cosa, salió a la superficie gracias a la negativa de María San Gil, presidente del PP vasco y miembro del equipo que elaboraba la ponencia política del congreso del partido, a firmar el texto, a pesar de que se admitieron sus sugerencias tras una enconada discusión con José María Lasalle. María San Gil ha declarado que se da un plazo hasta el congreso para confirmar o retirar su confianza en Mariano Rajoy, y que, en el segundo caso, renuncia de antemano a presentarse como candidata a presidir el partido en el País Vasco.

El debate interno en el PP está llegando ya, por fin, al fondo. Por debajo de las pugnas personales, por debajo de la desazón propia de haber perdido las elecciones, por debajo de la discusión sobre cómo formar mayorías, lo que late en este congreso es una cuestión de principios y valores. Dicho de otro modo, de cuál es el precio que habría que pagar a los nacionalistas para poder contar con su posible colaboración si un día el PP fuese el partido más votado en unas generales, aunque sin mayoría absoluta. O más claro aún: el Partido Popular se enfrenta a su propia definición, al reto de expresar no sólo qué clase de sistema político quiere defender, sino, sobre todo, qué clase de sociedad aspira a construir.

Esta primavera la derecha española se juega mucho. Pero es posible que el congreso de junio no resuelva esta cuestión fundamental todavía, y que haya que esperar al próximo congreso, previsto para dentro de tres años, para que la urgencia de elegir candidato a La Moncloa haga inevitable ya la clarificación.