M. GÓMEZ, S/C de Tenerife
El proceso de adaptación de los planes generales de ordenación a las Directrices y al texto refundido de la Ley del Territorio -un trámite sin el cual los municipios no pueden aprobar planes parciales y, por lo tanto, clasificar nuevo suelo- debe estar culminado a finales del próximo año o, como muy tarde, a comienzos de 2010. Así lo prevé el Gobierno de Canarias que, sin embargo, se ha reservado una posibilidad para "desbloquear" el planeamiento de las localidades más rezagadas en este aspecto, la de intervenir en él cuando se incumplan los plazos marcados y así posibilitar la ejecución de infraestructuras de interés general.
Esta medida se incluye en la recientemente aprobada Ley de Medidas Urgentes en materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo, que lo que hace es agilizar estos procedimientos, ya previstos anteriormente en la legislación, para permitir la puesta en marcha de planes generales "supletorios" que regirán hasta la entrada en vigor del nuevo planeamiento ya plenamente aprobado por el ayuntamiento.
De cualquier manera, el Ejecutivo sólo pretende ejercer este derecho como último recurso. El director general de Urbanismo del Gobierno autónomo, Jesús Romero, considera "más de sentido común" potenciar las comisiones de seguimiento de los planes generales. Asimismo, aclara que la subrogación -un mecanismo que hasta ahora no se ha aplicado- no implica "quitar competencias" a las corporaciones locales, sino que ayudará a estas administraciones a completar una tarea que se ven imposibilitadas de acometer por sí solas.
Plazos castigo
La Ley de Medidas Urgentes también concede a los municipios que no hayan cumplido los plazos la facultad de realizar modificaciones puntuales del planeamiento siempre que éste haya cumplido con la adaptación básica. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial espera, de este modo, obtener un mejor resultado que con los "plazos castigo" contemplados anteriormente y que "no han funcionado".
En este momento, un 90% de los municipios de las Islas cuenta con el avance de adaptación plena a las Directrices y al texto refundido de la Ley del Territorio. Adaptados sólo a esta última norma se encuentra un 60%. El 75% de las localidades se encuentra en el trámite de aprobación inicial de sus planes generales y un 45% en el de aprobación provisional.
Las dos provincias canarias progresan con diferente ritmo. La de Santa Cruz de Tenerife avanza a mayor velocidad que la de Las Palmas. Tenerife y La Palma son las islas con un mayor proporción de planeamiento adaptado, mientras que Fuerteventura es la que sufre mayor retraso, atribuible, en gran medida, a "vaivenes políticos".
Presión demográfica
Las disputas políticas constituyen una de las razones por las que se producen los retrasos. En otros casos son difíciles de determinar. La presión demográfica y residencial no puede servir de explicación. Así, dos localidades con similares características en este sentido, como Arona y Adeje, se encuentran en momentos muy distintos: la primera está "a punto", mientras que la segunda sólo dispone de la adaptación básica y tiene el suelo rústico suspendido.
La demora experimentada por este proceso se traduce en la dificultad de materializar dotaciones públicas de todo tipo. La Dirección General de Urbanismo no tiene cuantificado el número exacto de ellas, pero admite que son "muchísimas". En este sentido, Jesús Romero recuerda como caso "más espectacular" el de Puerto del Rosario en 2007, cuando la necesidad de ejecutar nuevos colegios condujo a la suspensión del planeamiento en el ámbito en que estaban incluidos. "En estos casos de interés general es obligación del Gobierno intervenir", señala el director general.
No obstante, Romero destaca que, desde que asumió el cargo, ha tratado de "potenciar y dinamizar" las comisiones de seguimiento de los planes. Hasta ahora, explica, "se reunían de forma puntual los técnicos con los equipos redactores", mientras que en la actualidad se hace un esfuerzo para que se haga efectiva la cooperación inter-administrativa. Desde mediados del año pasado se han celebrado 92 comisiones. Esta actividad responde al objetivo de que "cuando llegue a la Cotmac, el documento tenga un grado importante de aceptación y conocimiento".
Jesús Romero también se muestra interesado en aumentar la "cultura urbanística" de todos los sectores de la sociedad. Aunque reconoce que "hay cada vez más", el director general de Urbanismo insiste en la necesidad de desarrollar actuaciones formativas. Con este propósito se ha suscrito un convenio con Radio Ecca. "Hay que hacer un esfuerzo porque es difícil", concluye.
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