El conflicto de la homologación comenzó a principios de año y casi al final de curso tiene pocos visos de terminar con acuerdo entre las dos partes. Con el fin de intentar sacar en claro las posibilidades reales de una pronta solución, EL DÍA ha sentado en la mesa de debate a los representantes de todas las posturas. La conclusión: las posturas se hacen cada día que pasa más inflexibles y se está entrando en un preocupante proceso de descalificaciones entre todas las partes.
Manuel Marrero, miembro del Comité de Huelga por el sindicato STEC, explicó que se promulgó una ley en el 91 para homologar los salarios de los docentes con los de otros funcionarios de la misma categoría, pero que a partir del 95 comenzó a dejarse de pagar. "Del 95 al 2008 hemos estado 12 años y pico esperando", detalló.
Marrero subrayó que ellos querían "hablar de futuro" y que por ese motivo reivindicaban las cantidades de la homologación no desde que se dejaron de pagar, sino "a fecha del 1 de enero de 2008".
El representante del Comité de Huelga considera que el Gobierno de Canarias tiene "una obligación ética" de abonar esas cantidades para la homologación de salarios, "mientras no se derogue la Ley del 91". También detalló que seis de las diez organizaciones sindicales que desde el principio luchaban por la homologación firmaron un preacuerdo el 17 de diciembre, que fue rechazado de manera abrumadora en el referéndum hecho al profesorado.
"No ha habido ninguna negociación con el Comité de Huelga", reclamó, para acusar a la consejera de Educación de intentar "echar a la sociedad contra nosotros" y "lanzar continuas amenazas de alargar el curso".
El pasado mes de abril el Comité de Huelga realizó "un nuevo documento": "Queremos hablar de ho-mologación y no vamos a ceder en querer hablar". "La homologación existe aunque el Gobierno lo niegue", añadió.
También criticó, en referencia a los compromisos o contrapartidas que les pide la Administración a cambio de la homologación, que se "culpara del fracaso escolar en exclusiva al profesorado".
Por ese motivo pidió "una mesa de negociación" donde "fijemos plazos, criterios y cantidades" y en las que estén presentes "todos los representantes de los trabajadores, los de los padres y madres, de los alumnos y de los ayuntamientos".
José Emilio Martín, miembro del Consejo sindical de la Federación de Enseñanza, aclaró que en la Ley 4/91 de homologación establecía "una subida salarial en cuatro años" y se hablaba de "tres compromisos: tutorías, un interés en el fracaso escolar y un programa de formación al profesorado".
Asimismo, subrayó que cuentan con tres sentencias que reconocen "la aplicación incorrecta de esa ley" por parte del Gobierno. "A partir de enero de 2005, un docente con más de 18 años de servicio co-bra menos porque no tiene sexenios", aclaró. Martín también ha-bló de "la tremenda cerrazón de la Administración" y de que el tema de la homologación "no es blanco o negro, sino que es complejo".
También reconoció que su organización y otras cinco que lograron un preacuerdo con el Gobierno perdieron el referéndum, aunque detalló que "había un preacuerdo con sexenios superiores en el que entran los interinos" y dotado con "80 millones de euros".
Coincidió con el representante del Comité de Huelga en la exigencia de convocar "la mesa sectorial con todas las organizaciones", donde tratar "a fondo el tiempo que haga falta" este problema para hallar una solución.
José Zenón Ruano Villalba, director territorial de Educación en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, aclaró que el periodo de homologación era "de cinco años", según recogía "el preámbulo" de la ley del 91. Matizó que los docentes canarios "siguen siendo los mejor pagados del Estado cuando no tienen antigüedad".
Asimismo, aunque explicó que en el fracaso escolar tienen que ver múltiples factores, reconoció como "la principal herramienta" para la mejora de la educación al profesorado. Sin embargo, "el esfuerzo de los docentes no ha sido suficiente" porque "seguimos a la cola del Estado".
Ruano Villalba advirtió de que no es la intención de la Consejería la de "cerrar este conflicto en falso", y por ese motivo defendió la intención de retribuir a los docentes "conforme a ese esfuerzo". Así, enumeró actividades como "utilizar las nuevas tecnologías en el aula" o "las clases bilingües". Asimismo, expuso que la Administración tiene previsto atacar otros flancos que influyen en el fracaso escolar como "el nivel cultural de la familia y las infraestructuras".
"La Consejería de Educación ha puesto 232 millones de euros sobre la mesa para la gente que está haciendo estas cosas, no para todos", dijo, en referencia a estas contrapartidas como enseñar nuevas tecnologías a los alumnos, dar las clases en dos idiomas o "dar clases por las tardes a los alumnos que van peor".
"Es verdad que el conflicto daña la Educación", reconoció, al igual que "el cisma en la sociedad" que puede provocar la prolongación del conflicto. Concluyó con que la Consejería no iba a ceder, "las subidas de sueldo" se darán "a cambio de compromisos, de esfuerzo".
Juan Ramón Rodríguez-Drincourt, portavoz de Educación del Partido Socialista en el Parlamento de Canarias, explicó que "hay un derecho que no ha prescrito" y cuya base legal data "de 1991".
Asimismo, calificó de "cinismo absoluto" que el Gobierno pregone que la Educación "es una prioridad absoluta" cuando la realidad es que "no le preocupan los grandes servicios públicos, vive al día". En este sentido, destacó que "hace falta tener un Plan de Calidad Educativa", pero que "el Gobierno de Coalición Canaria no sabe lo que es la calidad educativa".
Sobre las medidas como las clases bilingües o las nuevas tecnologías, opinó que "no es un plan", son "cuatro o cinco medidas que no interactúan", y lo calificó "de una especie de cortina de humo".
"La consejera ha convertido esto en una cuestión casi personal", opinó, para concluir que Luis Brito "ha comprometido el final de curso y el inicio del siguiente".
Asimismo, denunció lo que considera "la perversa visión de Paulino Rivero", que, según Rodríguez- Drincourt, piensa "que este conflicto lo pueden perder los docentes si lo deja pudrir lo suficiente".
En la segunda parte del debate sobre el conflicto de la homologación, los ponentes pasaron de establecer su postura ante el conflicto para defender las medidas que, a su juicio, se deben llevar a cabo para conseguir una auténtica mejora de la calidad educativa.
En este sentido, el diputado socialista Rodríguez-Drincourt señaló que "las medidas anunciadas a bombo y platillo por el presidente y presentadas recientemente por la consejera no son un plan y mucho menos de calidad, porque no hay siquiera un diagnóstico en lo que se refiere a una cuestión tan importante como la inspección. Respecto a los idiomas -añadió-, ignoran que los expertos consideran que las propuesta es un mero maquillaje que no se adapta a la realidad, y que lo que realmente hay que hacer es desdoblar los grupos y aplicar metodologías mucho más modernas".
A juicio del parlamentario socialista, "este Gobierno no para de demostrar que se mueve por impulsos, que no tiene idea de cuál es la situación real y que carece de un verdadero proyecto. En cualquier caso -prosigue-, por lo que tendrían que empezar es por revertir la deriva a la que va la financiación en Canarias".
Para fijar su postura, Rodríguez-Drincourt sentenció que, "si es cierto que la Consejería respeta a los profesores, lo que tendría que hacer es elaborar un verdadero plan de calidad tal y como ha hecho el PSC y actuar de otra forma, y no enviar inspecciones a los docentes que hayan mostrado su disconformidad con sus acciones".
La respuesta de Zenón Ruano no se hizo esperar, ya que recordó que "si ustedes tienen un plan mágico, lo que deberían hacer es ponerlo encima de la mesa. Lo que habría que ver es si es el mismo que se está aplicando en Extremadura y Andalucía, en el que la situación es bastante peor que aquí".
Respecto al conflicto, el representante de la Administración aludió a que "cuando se negocia y no se llega a un acuerdo no se puede achacar todo a una parte, y aquí se está diciendo que el Gobierno está creando una ruptura entre los docentes y la sociedad, cuando lo que está haciendo es no dar un cheque en blanco a los profesores porque no quiere hipotecar el futuro de Canarias".
En lo que a la mejora de la calidad educativa se refiere, Zenón Ruano insistió en la necesidad de que "los equipos directivos de los centros se sientan parte de la Administración y apoyados por ella, de ahí que se quieran poner en marcha medidas destinadas a acabar con la situación actual, por la que se han tenido que nombrar 120 directores a dedo por la falta de proyectos directivos".
Por su parte, los sindicatos dejaron, si cabe más claro, su diferencia de criterios, ya que si bien el representante del Comité de Huelga señaló que "el conflicto está enquistado por la Administración y algunos sindicatos, mientras el comité sigue abierto al diálogo. Incluso hemos presentado por escrito nuestra propuesta porque queremos acabar ya con el conflicto, porque al primero que le interesa alcanzar un acuerdo es al profesorado", para el miembro de CCOO "es necesario negociar, pero no con las formas que hay ahora mismo y que no contribuyen a que haya unidad sindical, sobre todo si se nos acusa de estar apoyando al Gobierno. Es más, nos planteamos interponer acciones judiciales contra quien diga estas cosas, porque nosotros consideramos la oferta última inaceptable y lamentamos profundamente la cerrazón que está mostrando el Ejecutivo que, lejos de calmar la situación, no hace sino empeorar".
En lo que todos los asistentes coincidieron sin ningún tipo de dudas es en la necesidad de desbloquear la negociación y de establecer un diálogo continuo entre todas las partes, porque parece ser la única manera de conseguir avances; en cualquier caso, también dejaron claro que sus posturas están si cabe más alejadas que nunca y que el conflicto que mantienen las organizaciones sindicales entre sí es aún más profundo que el que mantienen con el Gobierno de Canarias, que, de momento, no parece que vaya a plantearse ceder en ninguno de los puntos que se le reclaman.
Texto: EL DÍA Fotos: Manuel Expósito
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