Los afectados valoran la situación jurídica del deslinde

EL DÍA, S/C de Tenerife

Los vecinos afectados por el deslinde marítimo terrestre de Igueste de San Andrés se reunieron en la noche de ayer para valorar, junto al letrado que los representa, la situación jurídica.

Es decir, intentan salvar las viviendas de gran antigüedad, así como la propiedad de terrenos rústicos protegidos que se encuentran afectados por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Así, los vecinos pretenden que el límite de terreno afectado por la Dirección General de Costas sea de 20 metros, y no de 100 como establece Costas.

En este sentido, el abogado José Luis Langa González, que estuvo acompañado por el concejal del Grupo Mixto, Ignacio González, explicó el procedimiento que se lleva a cabo en la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), relativo el acuerdo de 6 de febrero de 2007 sobre el reconocimiento de carácter urbano del asentamiento de Igueste de San Andrés.

Langa González transmitió a sus representados los pormenores de la demanda interpuesta por la Dirección General de Costas contra el acuerdo tomado en su momento por la Comisión Territorial de Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), en cuanto a que el deslinde marítimo terrestre tiene que estar dentro de los 20 metros.

Según Langa, la propia Dirección General del Territorio del Gobierno canario ha presentado una contestación, "y los afectados, personados en el procedimiento, vamos a defender cualquier resolución donde se acuerde el deslinde de los 20 metros", apuntó.

Por ello, tal y como manifestó, defenderá todo aquello que favorezca a los vecinos de Igueste de San Andrés, y como límite de plazo para contestar a la demanda del Ministerio de Medio Ambiente tiene hasta el 6 de junio.