Las familias del Yak-42 piden la imputación de Trillo por homicidio

COLPISA, Madrid

Las familias de los militares fallecidos en el accidente del Yak-42 solicitaron ayer al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska que siente en el banquillo al ex ministro de Defensa Federico Trillo y a cuatro generales que formaron parte de su cúpula militar por los delitos de homicidio por omisión, falsedad documental y malversación de caudales públicos. La principal asociación de afectados, que agrupa a familiares de 40 de los 62 soldados y oficiales muertos en aquella catástrofe, cree que hay "hechos objetivos" que demuestran que los denunciados conocían las irregularidades que había en torno a los vuelos contratados para trasladar a las tropas.

La asociación presentó en el juzgado un escrito, en el que culpa de la catástrofe a Trillo y a los ex jefes de Estado Mayor de la Defensa, del Ejército, de la Fuerza Aérea y del Estado Mayor Conjunto, entre otros. El presidente de los afectados, Patxo González, explicó que las acusaciones se basan en los interrogatorios practicados en los últimos meses, que "confirman" que antes del siniestro "existían informes y quejas que alertaban de las condiciones en las que volaban los militares que llegaron a los mandos políticos y castrenses, que no hicieron nada".

Aviones deficientes

Las últimas diligencias practicadas por el juez corroboraron, además, que hubo un informe del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra (CISET), que señalaba que Defensa arriesgaba la vida de los soldados desplegados en Afganistán al contratar para trasladarlos aviones de países de la antigua Unión Soviética, cuyo mantenimiento era deficiente. Todo ello, señaló en rueda de prensa el abogado de la asociación, Leopoldo Gay, "lo conocía la cúpula militar, y casi con toda seguridad lo conocía el ministro", en referencia a Trillo y sus generales de confianza.

Los familiares también señalan como culpable de la catástrofe al general José Antonio Beltrán, el jefe de la expedición gubernamental enviada a Turquía a recuperar los cadáveres y recién exonerado por la Audiencia Nacional de toda responsabilidad en la parte del sumario por la que se investiga si hubo delito en las identificaciones, que luego resultarían erróneas, y en el modo apresurado en que se realizaron los entierros e incineraciones.

A punto de cumplirse cinco años del siniestro -26 de mayo de 2003-, las familias creen que "ya es hora de depurar responsabilidades". La titular de Defensa, Carme Chacón, ha enviado una carta a las familias de afectados, para invitarlas a la inauguración de un memorial dedicado a las 62 víctimas.