El Estado laico que persigue Zapatero

EL PRESIDENTE Rodríguez Zapatero y su Gobierno, tienen clavada una espina en lo más hondo de su ser por la actitud que la Iglesia Católica (IC)) ha demostrado siempre oponiéndose a algunas de las medidas "sociales" que ha adoptado el Ejecutivo en la anterior legislatura: ampliación de la ley del divorcio, matrimonio entre parejas homosexuales, aborto, Educación para la Ciudadanía y, sobre todo, por la nota orientativa emitida por los obispos a sus fieles en las pasadas elecciones generales. Estas manifestaciones de rechazo de la IC han sido consideradas por el PSOE como un ataque a su partido. Por ello, las embestidas socialistas contra la sagrada institución no se hicieron esperar con frases como esta: "Después del 9 de marzo, ya nada podrá ser igual en la relación del Gobierno con la Santa Sede" (José Blanco).

Así, no puede extrañar que la vicepresidenta del Gobierno, Fernández de la Vega, anunciara el pasado día 7, en la Comisión Constitucional del Congreso que el Ejecutivo revisará la Ley de Libertad Religiosa (LLR) con la finalidad, según expresó, de "avanzar en la condición de laicidad" que la Constitución otorga al Estado y "adecuarla a las nuevas circunstancias y al pluralismo religioso que caracteriza a la España de hoy".

Veamos. El Gobierno pretende utilizar el término "laicidad" consciente de que se va a poner en contra de la Santa Sede y de la Conferencia Episcopal Española, ya que ambas instituciones religiosas se oponen a la corriente laicista que el Ejecutivo pretende imponer en España.

Con la reforma de la LLR, el Gobierno pretende hacer una nueva ley contra la fe católica, una religión de Estado, un laicismo radical que vaya por encima de las creencias religiosas de los ciudadanos. El artículo séptimo de la LLR ya contempla los teóricos objetivos que se propone este Gobierno con la reforma de la norma, en lo referido a los acuerdos del Estado con otras religiones, así como en lo que afecta a la pluralidad religiosa. Por eso, no están claras las verdaderas intenciones del presidente Zapatero, ya que, la pretendida reforma para seguir "avanzando en laicidad" esconde otros objetivos que deben ser declarados a los españoles.

Zapatero, en su paranoia anticatólica, no tiene intención de establecer en España un laicismo al estilo de EEUU de Norteamérica, que Benedicto XVI alabó en su reciente visita a dicha nación. Quiere ir más lejos, pretende para nuestro país un laicismo anticlerical, decimonónico y masónico. Y en esta idea preconcebida la IC es un obstáculo.

La anunciada reforma de la LLR supone una clara y directa amenaza contra la verdadera libertad que garantiza la Constitución Española (Art. 16), que es parte fundamental de los Derechos Humanos. La Carta Magna, además, no utiliza jamás el término "laicidad" o "laicismo", sino que declara que "ninguna confesión tendrá carácter estatal" (Art. 16.3), que no es lo mismo.

¿Por qué el Gobierno, en vez de preocuparse de los problemas reales de los españoles: inflación, paro, caos de la Justicia, carestía de la vida, etc., se dedica a levantar cortinas de humo replanteándose el papel de la IC en España y hacer más laico el Estado? Los españoles no nos levantamos cada mañana obsesionados por "avanzar en laicismo", sino preocupados por poder llegar a fin de mes con el sueldo o la pensión, en poder pagar la hipoteca, en conseguir o conservar un trabajo, etc. Los españoles lo que queremos es creer, dejar de creer o cambiar de credo religioso en libertad, y ese derecho está protegido en igualdad de condiciones, ya que es un objetivo que cumple ampliamente la actual ley ¿A qué viene, pues, esa urgente reforma?