O.G., S/C de Tenerife
El debate abierto hace algunas semanas sobre la comunicación enviada por el Gobierno de Canarias a la Comisión Europea, en la que se pide que se analice el impacto socioeconómico de las segundas residencias, continuó ayer en el Parlamento de Canarias, lugar al que aún no se ha enviado la mencionada comunicación.
El vicepresidente del Ejecutivo autónomo, José Manuel Soria, garantizó que "bajo ningún concepto" se va a limitar la adquisición de segundas viviendas en Canarias, casi a la misma hora que el presidente del Gobierno de las Islas, Paulino Rivero, dejaba en manos de la UE su pretensión de limitar la adquisición de segundas residencias a foráneos.
En una respuesta parlamentaria al portavoz del grupo socialista, Blas Trujillo, el vicepresidente y consejero de Economía y Hacien-da, aseguró que esa limitación no podría aplicarse "en base al ordenamiento jurídico", al tiempo que remarcó que no sería conveniente "porque genera riqueza".
En este sentido, Soria señaló que la polémica generada por la posibilidad de que el Gobierno de Canarias se plantee limitar la segunda residencia no obedece a ninguna decisión del Ejecutivo al respecto, y detalló que "simplemente" en el marco de la estrategia que está analizando la Comisión Europea para las regiones ultraperiféricas, "un grupo de estudio de los que han participado en las propuestas canarias " -compuesto por catedráticos, expertos y algún director general, entre otros- "ha pedido que se realice un estudio sobre el impacto socioeco-nómico de las segundas residencias en los servicios públicos canarios".
Además, y según añadió el vicepresidente del Ejecutivo, "se trata de analizar la incidencia del uso de servicios públicos, tales como la sanidad, por parte de personas residentes fuera de las Islas y que poseen una segunda vivienda en el Archipiélago".
En la misma línea, Soria avanzó que entre las conclusiones de ese estudio estará sin duda que las segundas residencias son un factor de riqueza porque impulsan el consumo, pero, no obstante, subrayó que "hay que analizar la incidencia en términos sociales".
Por su parte, Blas Trujillo afirmó que la propuesta del Gobierno es un disparate, al relacionar las segundas viviendas con el aumento de población.
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