Curbelo exigirá responsabilidades a Rivero por el cese de la línea marítima

EL DÍA, S/C de Tenerife

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, acusó ayer al Gobierno canario de permitir la interrupción del transporte marítimo interior, y advirtió de que la Institución insular pedirá responsabilidades al presidente del Gobierno regional, Paulino Rivero, si se confirma la supresión del servicio que presta Garajonay Exprés. El Cabildo tiene previsto celebrar hoy, último día en que la naviera prestará servicio en la Isla, un pleno extraordinario para abordar la situación de las comunicaciones marítimas.

En la sesión, avanza Curbelo, se volverá a plantear un pronunciamiento unánime de todos los representantes públicos de La Gomera a favor del servicio público que une por mar los pueblos de Valle Gran Rey, Playa de Santiago y San Sebastián. El presidente de la corporación añade que en el pleno se rechazará la paralización de las conexiones que se prestan en la actualidad, una postura que coincide con la expresada por diversos colectivos sociales y el conjunto de la sociedad, sostiene Casimiro Curbelo.

"Resulta incomprensible que el Ejecutivo regional haya permitido que lleguemos a la situación en la que nos encontramos hoy", comenta el presidente, que en este sentido recuerda que el transporte marítimo interior arrastra una situación precaria desde el pasado mes de noviembre, cuando el Gobierno canario suprimió las ayudas que permitían prestar un servicio en condiciones asequibles, como consecuencia del fin del contrato de obligación de servicio público al que se vinculaban las subvenciones.

"Ya entonces hubo pronunciamientos de todas las instituciones públicas de la Isla, con el Cabildo a la cabeza, que exigimos una solución y se nos respondió con un encuentro con el presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero", indica Curbelo. Precisamente en relación con el jefe del Ejecutivo autónomo, el presidente de la Corporación insular afirma que Rivero se comprometió a impulsar en el plazo de un mes un estudio que determinara las soluciones para este problema, unas soluciones que "transcurridos casi seis meses no han terminado de llegar", apostilla.

"Lo único que se ha dicho es que se licitará de nuevo la obligación de servicio público, reconocida incluso en sentencia judicial, pero no se han arbitrado medidas para evitar la supresión", se lamenta Casimiro Curbelo.

También deplora el presidente de la administración insular el "silencio" con el que el Gobierno de Canarias ha reaccionado ante la propuesta planteada por el Cabildo, en la que, además de la necesidad de que la línea marítima sea declarada como obligación de servicio público, se abogaba por establecer los mecanismos necesarios para asegurar el mantenimiento de las conexiones. Curbelo agrega que esto implica cubrir el déficit de explotación hasta que se pueda poner en marcha la declaración de obligación de servicio público.

Coincidiendo con la visita a la isla del presidente del Gobierno de Canarias, un grupo de vecinos protagonizará mañana una concentración frente a la sede del Cabildo. El Ayuntamiento de Alajeró ya ha mostrado su apoyo a esta iniciativa, al que se ha sumado, incluso, el grupo de Coalición Canaria en el consistorio.