C. ACOSTA, S/C de Tfe.
El secretario de Organización y Comunicación de UGT, José Javier Cubillo, confirmó ayer a este periódico el cese de manera cautelar de los secretarios regionales de Organización, Rodolfo León, y de Formación, Andrés Pérez, mientras la Comisión de Garantías de esa organización sindical decide en Madrid el futuro de ambos cargos.
El motivo de la actuación fue, según explicó Cubillo, la existencia de "actitudes" en la reunión del comité regional celebrado el 24 de abril que "merecieron actuar disciplinarmente", si bien la medida "lejos de ser una sanción, sólo tiene naturaleza preventiva".
Los comités, explicó Cubillo, se rigen por las normas internas de UGT, que, entre otros aspectos, obligan a que los secretarios "garanticen los derechos de los afiliados".
Pero en la reunión del pasado 24 de abril "se percibió una situación" que hizo necesaria la intervención del propio Cubillo, quien decidió la separación de ambos secretarios regionales "de forma cautelar" por la vía ejecutiva ante la percepción de que ninguno de los dos "aseguraba esos derechos en toda su extensión".
La secretaria general de UGT Canarias, Alicia Rodríguez, declinó pronunciarse sobre este asunto, al igual que León y Pérez.
Procedimiento
La decisión definitiva sobre el futuro de ambos cargos puede tardar en adoptarse hasta 180 días, que es el plazo máximo que tiene la Comisión de Garantías para tomar una decisión, según el reglamento sindical.
En cambio, Cubillo se muestra confiado en que se pueda producir mucho antes, "probablemente en el plazo de un mes".
La Comisión de Garantías está obligada a asegurar la confidencialidad de las causas y denuncias que se le presentan, por lo que en la actualidad sólo puede conocerse la decisión tomada por la vía ejecutiva sobre el cese cautelar de ambos secretarios regionales, mientras que los términos en que está siendo tramitada y los detalles de su evolución hasta el pronunciamiento definitivo son secretos.
Además de citar a las personas relacionadas con el caso, la Comisión de Garantías debe convocar a un acto de conciliación obligada antes de pronunciarse, en el que intentará acercar las posturas de todos los afectados.
Si la conciliación fracasa, tiene lugar entonces el inicio de un expediente disciplinar con el objetivo de estudiar la situación y determinar si en verdad hay alguna irregularidad, y en caso de haberla, valorar su gravedad y establecer la sanción que corresponda.
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