Arrecia el problema vasco

POR UN MOMENTO, ciertamente breve, pareció que varapalo electoral que cosechó el PNV en las elecciones generales -en realidad, el castigo fue a las tres fuerzas del "tripartito", puesto que EA perdió incluso su diputado en Madrid- había infundido cierta cordura a la cúpula del partido, comandada por el indeciso sucesor del defenestrado Josu Jon Imaz, el vizcaíno Íñigo Urkullu.

Ciertas declaraciones explícitas ponían de manifiesto que aquel castigo invalidaba la delirante hoja de ruta de Ibarretxe, que incluía un referéndum ilegal de autodeterminación para este mismo año, y algunas otras subrayaban la conveniencia de poner término a la actual fórmula de coalición gubernamental para regresar a la transversalidad, añorada por una parte seguramente mayoritaria de la sociedad vasca. Pero aquel espejismo ha durado poco.

Tras un forcejeo público entre los partidarios de la sensatez y la facción minoritaria encabezada por Joseba Egibar, fiel discípulo del momificado pero influyente Xabier Arzallus, el riesgo manifiesto de ruptura, de que se reiterara una escisión semejante a la de 1986 antes de haber reparado aquélla, que aún pervive, parece haber aconsejado una pragmática convergencia. Y así, el propio Urkullu se ha puesto al frente de la manifestación, de la mano del "lehendakari", para reclamar la negociación de un delirante "Pacto político para la convivencia" que deberían suscribir los presidentes de los gobiernos español y vasco y que es una versión más del ya desautorizado "plan Ibarretxe", lógicamente abortado por las Cortes españolas.

El nuevo plan, que debería incluir a todos "sin exclusiones" -es decir, también a las organizaciones de la izquierda "abertzale" ilegalizadas por apoyar la violencia-, incluye el reconocimiento imposible de una soberanía vasca. "Nos comprometemos a defender que las decisiones que sobre su futuro político adopte libre y democráticamente la ciudadanía vasca serán respetadas por las instituciones del Estado", dice uno de sus párrafos, lo que constituye simplemente una aberración, no sólo inconstitucional sino inaceptable como es lógico por los representantes de cualquier Estado moderno.

Además, por si fuera corto el disparate, involucra a la Comunidad Foral Navarra, a la que no se da vela alguna en todo el entierro: "nos comprometemos a promover la creación de un Órgano Institucional Común para los cuatro territorios comprendidos en dichos ámbitos", se dice en otro lugar. Por último, el bodrio concluye con desparpajo: la entrada en vigor del pacto requeriría su aprobación por parte del Parlamento vasco y el refrendo mediante una consulta popular en Euskadi el próximo 25 de octubre, sin que el Parlamento español tuviera nada que opinar. ¿Para qué, si ya se sabe lo que diría?

Para mayor escarnio, Ibarretxe asegura que los términos de su propuesta son en todo semejantes a las que se debatieron en Loyola durante el "proceso de paz". Proceso que, como es conocido, fracasó estrepitosamente porque el Ejecutivo constató que las condiciones de ETA seguían siendo inaceptables por el Gobierno (por cualquier gobierno de España, obviamente).

Rodríguez Zapatero ha sido bien explícito al aceptar entrevistarse con Ibarretxe la próxima semana: no es viable propuesta alguna que no transite por los cauces constitucionales.