Berriel estima que en seis meses las directrices estarán en vigor

O.G./ S/C de Tenerife

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, dijo ayer que espera poder remitir al Parlamento regional antes del verano el anteproyecto de Ley de Medidas Urgentes en materia de Ordenación Territorial, de manera que entre en vigor en unos seis meses. El documento fue aprobado ayer por el Consejo de Gobierno.

En la rueda de prensa posterior al órgano de Gobierno, el responsable autonómico detalló que el documento será remitido a los agentes implicados -administraciones insulares, organizaciones empresariales, ayuntamientos y cámaras de comercio-, para que realicen las aportaciones que estimen oportunas.

Una vez incorporadas las alegaciones, tendrá que volver al Consejo de Gobierno para remitirlo al Consejo Consultivo y, tras un nuevo paso por el Consejo, será enviado al Parlamento canario, donde Berriel estima que esté antes del fin del periodo de sesiones porque será tramitado por la vía de urgencia. La ley será tramitada en el Parlamento también por la vía de urgencia, del tal manera que el consejero de Medio Ambiente espera que la norma esté publicada en el Boletín Oficial de Canarias en cinco o seis meses.

Domingo Berriel aclaró, a preguntas de los periodistas, que la aprobación del anteproyecto por parte del Consejo de Gobierno se ha producido de forma colegiada y aseguró que responde "al acuerdo del pacto de Gobierno con el PP, por lo que no se produjo la más mínima discrepancia".

Durante el acto informativo, en el que Berriel compareció junto a la portavoz del Gobierno, Carolina Déniz, el consejero se refirió también a los pronunciamientos del sector empresarial referentes a que los incentivos para renovar la planta obsoleta son insuficientes y estimó que son lo "suficientemente interesantes" como para esperar un impulso en la renovación.

En este sentido, recordó que las excepciones no se contemplan en esta nueva norma, y reiteró que la única manera de obtener permiso para nuevas camas es "a cambio de sustituir o renovar sustancialmente las existentes y que la norma no permite consumir más suelo en los próximos cinco años".

Al respecto, insistió en que las dudas generadas por la petición de que el 30% de las viviendas que construyan en estos casos sea de protección oficial se debe a que la norma "no ha sido bien entendida", pues estas residencias se deberán construir en otros suelos no turísticos y las VPO no tienen por qué edificarse en el mismo lugar que el resto. En cuanto a la tramitación de los planeamientos insulares, Berriel apuntó que la mitad de los Cabildos los tienen redactados -entre ellos el de Tenerife y Gran Canaria-, y la otra mitad en trámites. No obstante, recordó que cuentan en total con 13 meses para finalizarlos, antes de que el Gobierno se haga cargo de su culminación.

Por su parte, Carolina Déniz detalló que el presidente canario, Paulino Rivero, viajará hoy a Bruselas y apuntó que "agradece" el interés de la Comisión Europea en las aportaciones del Gobierno canario para estudiar el futuro de las RUP, entre ellas el análisis de la incidencia de las segundas residencias. Déniz explicó que el presidente ha solicitado a la mesa del Parlamento que se le puedan realizar preguntas en todas las sesiones y no sólo una vez al mes.