... Aunque en estos artículos sea una cuestión reiterativa, lo cierto es que de un tiempo a esta parte el Gobierno de Canarias se comporta con una falta de transparencia en asuntos polémicos más propia de tiempos pasados, no necesariamente ligados a lo que es una democracia parlamentaria. El último ejemplo es la dimisión de la directora general de Relaciones con la Justicia del Ejecutivo, María Rosa Ramos, que se produce después de que se publicara en la prensa del Archipiélago la existencia de 12.000 sentencias sin ejecutar, una situación que podría calificarse como desastrosa, ya que el término colapso no le gusta a la Consejería de Presidencia. Es un desastre, en eso sí estará de acuerdo dicho departamento.
... Lo cierto, en cualquier caso, es que se ha producido la dimisión. Y que ésta ha ocurrido tras las informaciones citadas y apenas tres días después de que este periódico publicara el sábado un amplio y bien trabajado reportaje firmado por nuestra compañera Gabriela Maestre que iba ilustrado con fotografías en exclusiva del "colapso" -o del "caos"- en el que se halla inmersa la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que juzga los casos más graves, aquellos relacionados con asesinatos, violaciones, etc. Muchos de ellos sentenciados y no ejecutados por la falta de medios. Y así lo denuncian tanto los propios magistrados como representantes sindicales. A pesar de eso, el Gobierno opta por realizar unas declaraciones en las que niega cualquier situación caótica. Es decir, que considera más rentable mirar para otro lado porque en este tema nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato.
... La cuestión gira ahora en torno a qué será más rentable para los ciudadanos. Para aquellos que llevan asuntos de este calado ante la Justicia con la esperanza de que se les resuelvan con cierta prontitud para reparar el daño que se les ha causado. Esa gente a la que se le ha dictado sentencia esperará meses o quién sabe cuánto tiempo hasta que vea resuelto el caso. Su expediente, como mostraban las fotografías, se apilarán en las mesas y sillas de algún funcionario incapaz por sí mismo de hacer frente a la avalancha. Pero el Gobierno prefiere no hablar de colapso. Sí de comisiones para buscar a los niños desaparecidos. Lo que habría que preguntarse es cuánto iban a tardar los presuntos agresores en ser juzgados y cuánto dichas decisiones en aplicarse.
... Pero en medio de esta situación el Ejecutivo habla de di-misión por motivos personales. Y supongo que lo propio es que nosotros lo creamos.
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