El PSC bloqueará el Estatuto si no incluye la reforma electoral

EUROPA PRESS, Madrid

El secretario general del PSC-PSOE, Juan Fernando López Aguilar, manifestó ayer, tras reunirse en Madrid con los diputados y senadores socialistas canarios, que "no participarán en ninguna iniciativa de modificación" del Estatuto de Autonomía, ni tampoco en la reactivación de la Ley Orgánica de transferencias adicionales, si no se incluye en "la agenda la reforma del sistema electoral" que marca el texto autonómico.

"Si no es así, el Estatuto de Canarias se quedará descolgado del proceso de reformas estatutarias como consecuencia de la incapacidad de quienes están en el Gobierno de Canarias para sintonizar con lo que es un mandato de cambio que se expresó en las urnas y que hicieron del PSOE su primera fuerza", añadió.

Además, y tras la reunión que mantuvo con los diputados y senadores canarios del Grupo Socialista en las Cortes Generales, donde debatieron también sobre el modelo de financiación autonómica, Aguilar aseguró que este modelo es un asunto que está en la agenda del Gobierno ya que "forma parte del programa electoral" del PSOE y "del contrato de Investidura" del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Por ello, aclaró que este modelo se ha incluido en la agenda por decisión de los propios socialistas y "no es consecuencia de ninguna presión por parte de ninguna comunidad autónoma ni de ninguna otra formación política".

A su juicio, el modelo que estableció por ley el Partido Popular en el año 2001 y "vendió como definitivo, está haciendo agua". Algo de lo que, según López Aguilar, se quejan las comunidades gobernadas por el PP, entre las que señaló las críticas de la Comunidad Valenciana y el propio Gobierno canario y que "sólo pueden ser interpretadas como una autocrítica".

"Ahora hay una oportunidad de hacerlo y de hacerlo bien y los españoles se lo han encargado al Partido Socialista. Vamos a participar en ese debate, asegurando principios que son los nuestros", dijo.

Entre ellos, señaló el principio de "suficiencia" para asegurar la financiación de "los servicios que garantizan los derechos de la ciudadanía", así como la "solidaridad que exige que el gobierno de la nación retenga una capacidad financiera" que el presidente del Gobierno ha cuantificado en "más del 50% del gasto público total, descontando la Seguridad Social".