La dimisión de la directora general de Justicia agrava la crisis en los juzgados

G. MAESTRE, S/C de Tenerife

"Éramos pocos y parió la abuela". Con estas palabras tan gráficas valoraron ayer sindicatos y jueces la noticia de la dimisión de la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, María Rosa Ramos, confirmada ayer por el Gobierno autónomo, que la atribuye a motivos personales. No obstante, se produce tras denuncias de jueces y sindicatos por la situación de saturación y casi colapso que viven la mayor parte de los juzgados.

Unos y otros confiaban en que el Gobierno de Canarias les diera una respuesta a corto plazo acerca de cómo mejoraría la situación, sobre todo en lo que al aumento de la plantilla se refiere.

"Esta dimisión nos preocupa muchísimo, ya que era de esperar que ahora se abriera un proceso negociador con el Gobierno de Canarias encaminado a resolver el aumento de personal y, en general, todas las cuestiones que han ido quedando pendientes y que tenían que ver con el dinero, y este cese seguramente significará un nuevo retraso", señaló uno de los numerosos representantes sindicales que ayer presentó en la Viceconsejería de Justicia un escrito solicitando la reunión de la mesa sectorial.

"Ahora habrá que esperar a que el Gobierno nombre a un nuevo director o directora general y habrá que ver si se trata de alguien que conoce la situación o más bien tiene que ponerse al día. Además, en breve comenzará el proceso vacacional y esto de nuevo postergará el trámite normal de negociación con el Gobierno e incluso que se ejecuten los acuerdos que puedan alcanzarse. Al final, lo que nos tememos es que vuelva a pasar de nuevo todo este año en blanco, es decir, sin mejora alguna, igual que sucedió el año pasado", señala este mismo representante sindical que omite su identidad por miedo a que sus declaraciones sean tomadas en cuenta para justificar la falta de negociación.

Por su parte, los jueces, al conocer la noticia de la dimisión, manifestaron por boca de un magistrado de la Audiencia Provincial que "las cuestiones que dependen directamente de la viceconsejera se pueden seguir acordando porque ésta aún no ha dimitido, de manera que lo que esperamos es que no se aproveche este hecho para seguir sin dar respuesta alguna a la situación, y que si se tiene que dar más personal se dé y punto".

En este sentido, este juez recuerda que "al margen de ceses o dimisiones, la Viceconsejería tiene que tomar las medidas que lleven al buen funcionamiento de la Justicia en Canarias y eso es lo que le pedimos y esperamos".

Por su parte, la viceconsejera de Justicia y portavoz del Gobierno, Carolina Déniz, aseguró ayer que las causas de la dimisión de Ramos "no tienen absolutamente nada que ver con la situación judicial", y apuntó a que "fue a petición propia", desmintiendo tajantemente que se tratara por desavenencias entre Ramos Rubio y ella misma.

Respuesta oficial

Asimismo, la portavoz aprovechó la ocasión para desmentir nuevamente la situación de colapso de la que hablan sindicatos y jueces y recordó que desde que "el Gobierno de Canarias asumió las competencias está llevando a cabo una labor de mejora de la Administración de Justicia que podemos definir en el ámbito de las infraestructuras, y no tienen nada que ver aquellas con las de la actualidad; todo lo relacionado con la modernización de la Justicia, y un tercer campo que tiene que ver con el personal en el que se han creado numerosas unidades judiciales. Baste decir que sólo este año serán 11 las nuevas unidades judiciales, y respecto al incremento de la plantilla, desde que sea aceptado por el Ministerio de Justicia, se llevará a cabo".

Para finalizar, Déniz recordó que "el Gobierno lleva actuando de forma consensuada con el Tribunal Superior de Justicia y con el resto de los operadores jurídicos en la mejora sistemática de la Administración de Justicia, que tiene una problemática por la que atraviesa todo el sistema judicial español, pero seguiremos trabajando y mejorando".

sindicatos

Urge la reunión de la mesa sectorial

Horas antes de que saltara la noticia de la dimisión de María Rosa Ramos Rubio como directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, todos los sindicatos presentaron un escrito en la Viceconsejería exigiendo la convocatoria de la mesa sectorial de Justicia para "tratar los asuntos que hasta la fecha se han venido postergando sistemáticamente y que hacen referencia a cuestiones económicas y de aumento de personal", señaló el portavoz sindical, Gregorio Pérez. Concretamente, los sindicatos piden al Gobierno "una respuesta a los planes de actuación previstos en los Registros Civiles, los juzgados de lo Penal y de Violencia de Género que, si bien son un compromiso adquirido desde hace tiempo, hasta ahora no han fructificado por la falta de planificación económica". Y es que, según han venido manifestando los sindicatos e incluso los jueces durante estos últimos días, la situación de algunas jurisdicciones es prácticamente de colapso debido al elevado volumen de trabajo y el limitado personal encargado para hacerle frente. Así, el incremento de personal del 5% anual al que obliga la Ley, no sólo no se habría llevado a cabo el año pasado sino que en lo que va de 2008 tampoco. "De la última reunión de la mesa sectorial nos tuvimos que levantar por la poca voluntad de diálogo que mostró el Gobierno y, si bien hemos acudido a comisiones de trabajo de acción social, interinos y formación, creemos que la cuestión económica ya no puede esperar más y exigimos al Ejecutivo que dé respuesta a las necesidades", explica Pérez, que además añade que "lo que no queremos es que vuelvan a dejar pasar mucho tiempo y que esta situación quede así, así que confiamos en que el Gobierno acate su responsabilidad, convoque la mesa sectorial en breve y se nos dé una respuesta, y si lo que nos van a decir es que no hay dinero, que, al menos, igualmente, nos digan que lo van a buscar".