El ayuntamiento se desentiende de los inquilinos de una casa a punto de caer

ÓSCAR MARTÍN, Tenerife

Una arquitecta de la Gerencia Municipal de Urbanismo informó el pasado 13 de abril del presente año de la situación de riesgo de desprendimiento en una vivienda situada en la calle Salvador Pérez Luz número 40 del barrio capitalino de Valleseco, y, de momento, las autoridades municipales no se han puesto en contacto con sus inquilinos, y, por si fuera poco, no han tomado ningún tipo de medidas para evitar cualquier situación de peligro.

En el informe, al que ha tenido acceso EL DÍA, se destaca que tiene "apariencia" de tratarse de una vivienda de autoconstrucción de antigüedad "considerable". Tras la visita de la técnico municipal con el objetivo de inspeccionar la vivienda, en la que habitan cinco personas, incluidos menores, ésta advierte de que es necesaria la adopción de medidas urgentes, "de manera que no se ocasionen daños por caída de desprendimientos de cascotes que permanecen en el dormitorio afectado".

Añade que "dichas medidas serán como mínimo de apuntalamiento de una de las habitaciones en concreto, reforzando y mejorando la existente, y que deberá también ser acometido bajo la zona afectada, tanto en la planta baja como la primera". Destaca igualmente que "dichas medidas deberán ir ordenadas a juicio de un técnico competente".

Desalojo inmediato.- La arquitecta municipal expone igualmente que por todo ello "se debe proceder al desalojo de la habitación afectada y de las estancias que se encuentren bajo ésta, tanto en la planta baja como en la primera". Por otra parte, en el informe se deja constar una valoración estimativa de las obras de reparación y las medidas oportunas de seguridad.

En este sentido, la técnico municipal estima que el valor total aproximado asciende a unos 10.000 euros, y que debían acometerse en el plazo de un mes, y proceder al desalojo en 24 horas después de recibir el informe, con fecha de 23 de abril de 2008.

Pero antes de la visita de la técnico del ayuntamiento, un inspector de Sanidad, acompañado por la asistenta social de la zona, se personó igualmente en el domicilio y mostró, tal y como relata la familia afectada, su preocupación por las condiciones en las que se encuentra la vivienda.

Sin embargo, a día de hoy y pese a las advertencias de los técnicos municipales, las autoridades competentes no han tomado ningún tipo de medidas, ni tan siquiera se han interesado directamente por la situación.

De hecho, la concejal del distrito de Anaga, Sheila Trujillo, recibió a la familia pocos días después de emitirse el informe, y personalmente, les comunicó que ya se pondría en contacto con ellos. Una circunstancia que aún no ha sucedido. Así, este periódico intentó ponerse ayer en contacto con la concejala del PP, aunque no quiso realizar ningún tipo de declaraciones, a pesar de considerar que la situación es delicada.

"Dormimos pendientes".- El miedo y la incertidumbre se ha apoderado de esta familia del litoral. El matrimonio formado por Juan Afonso y Olga Bencomo, y sus tres hijos, uno de ellos menor de edad, son conscientes de la situación de peligrosidad con la que tienen que convivir diariamente, pero no tienen otra alternativa.

La vivienda es alquilada, no disponen de otro lugar para vivir, y sobre todo si se tiene en cuenta que los recursos económicos que perciben son escasos. El cabeza de familia es un prejubilado que recibe una cantidad económica de unos 400 euros aproximadamente, mientras que su mujer realiza, cada vez que puede, algún trabajo esporádico. Es más, llevan reclamando una vivienda digna desde 2002, y aún les siguen exigiendo documentación.