El colapso judicial y la viceconsejera

... Tiene razón la viceconsejera de Justicia del Gobierno canario cuando mantiene que la Administración de Justicia en las Islas no está al borde del colapso. La tiene porque los periodistas no somos rigurosos en el uso del lenguaje y, a menudo, usamos los términos, por lo que nos sugieren y no por lo que significan realmente. Por supuesto que la actividad de los tribunales en el Archipiélago ni va a "disminuir o decrecer intensamente" en su actividad (DRAE) ni se va a "paralizar accidentalmente (María Moliner). Lo que la prensa quiere decir al hablar de colapso -porque así lo entiende la calle- es atasco caótico, es decir, sin control, sin posibilidad de reconducir la situación a la normalidad con orden y concierto por causa de la magnitud del problema, que sobrepasa los medios de quienes tienen que solucionarlo. En ese sentido, la Administración de Justicia en Canarias, como en toda España, hace años que entró en un colapso permanente, fruto del cual, entre otros efectos, hay 12.000 sentencias pendientes de ejecución. Es decir, doce mil actos de justicia que no pueden llevarse a cabo porque no hay quien se ocupe de ello.

... La señora viceconsejera se limita a salir a la palestra a defender lo suyo por aquello de que sus superiores esperan de ella que se comporte como cualquier político en el poder ante un problema: negándolo, en primer lugar, y después diciendo que están poniendo los medios para solucionarlo... algún día. En el caso del desastre judicial, que sería el término más adecuado a la situación que se vive en cualquier parte de España, la responsabilidad no es del Gobierno canario. La particularidad de este servicio público es que, siendo competencia exclusiva del Estado la dotación de personal, los medios los tienen que poner las comunidades autónomas que aceptaron en su día el traspaso de las competencias en materia de justicia.

... Por tanto, la señora viceconsejera no debería sentirse tan aludida cuando se airean las miserias de la Administración de Justicia, que, mucho antes que de ella, son responsabilidad del órgano de gobierno de los jueces, es decir, del Consejo General del Poder Judicial. Está bien que muestre su voluntad de mejorar la situación lo que pueda, pero poner paños calientes a las denuncias que han hecho de forma contundente personas mucho más informadas que ella, como magistrados jefes de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, el Diputado del Común o -hace un mes en este periódico- el fiscal superior de Canarias resulta inútil y delata su incapacidad para asumir la realidad.