E L CONFLICTO de los profesores de la enseñanza pública no universitaria en Canarias ha acabado por colmar la paciencia de los alumnos, que, sin ponerse del lado de ninguna de las dos partes en conflicto, docentes y Consejería de Educación, reclaman que ambos vuelvan a negociar para que lleguen a un acuerdo y se normalice la situación en las aulas. Pero como las cosas ya han llegado demasiado lejos y no es cuestión de hablar por hablar, los estudiantes acompañan la reivindicación de sus propios actos de paro, los días 15 y 22 de este mes, en un intento por hacer ver a la sociedad que la situación es límite y no puede continuar ni una semana más. Y esta vez no se trata del pronunciamiento de una minoría dirigente y activa que sólo se representa a sí misma, porque la asamblea de la Unión de Estudiantes de Canarias (UDECA) reunió el viernes a más de 250 representantes de dicha confederación, a pesar de las dificultades que impone la insularidad para celebrar cualquier tipo de cita.
En definitiva, los alumnos están muy preocupados, no ya por la pérdida del presente curso académico por culpa de las huelgas de quienes tienen que darles clases, sino por el deterioro de la propia enseñanza pública en Canarias, que avanza a marchas forzadas ante la incapacidad de la Administración para llegar a un acuerdo con sus propios empleados. Precisamente, ha sido la última vuelta de tuerca que ha dado la Consejería de Educación al conflicto, al anunciar que no sólo no quiere volver a oír hablar de homologación salarial, sino que exigirá más contrapartidas a los docentes, lo que ha alarmado a la UDECA, que prevé un enconamiento aún mayor de un enfrentamiento que dura ya más de un año.
Resulta inaudito -y habrá muy pocos precedentes en el mundo- que sean los alumnos de los niveles medios de la enseñanza, chicos y chicas adolescentes, los que tengan que rebelarse para que los adultos les hagan caso, para que se pongan de acuerdo y dejen de perjudicar su futuro profesional. Desde luego, esa generación tendrá algún día un recuerdo nada grato de la escuela y de los políticos.
Y mientras se hunde en las Islas la calidad de uno de los pilares del Estado de bienestar, la enseñanza pública y gratuita, los contribuyentes siguen pagando sus impuestos sin rechistar. Hasta que un día se planten y quién sabe si se declara una huelga fiscal soterrada ante tanta tomadura de pelo. Claro que, llegado ese día, nuestros diputados del Parlamento canario seguro que encontrarían otra fuente de ingresos para subirse aún más el sueldo. Pero de esforzarse por llegar a un acuerdo con los profesores, de momento, nada.
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