REPETIR a estas alturas que la Justicia española es lenta supondría incurrir en el aburrimiento del lector. Asunto distinto es indagar la causa de que 12.000 sentencias, muchas de ellas por delitos graves, estén pendientes de ejecución en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Admito las explicaciones de los funcionarios -falta de personal, retrasos en la construcción de un nuevo edificio judicial, etcétera-, pero se trata sólo de la fase terminal del problema. La causa genérica hay que buscarla en un país ampliamente desbordado por un crecimiento de población, de actividad económica, de todo, difícil de asimilar en tan escaso tiempo. Había ocurrido antes con el boom turístico de los sesenta, aunque entonces vivíamos bajo una dictadura. Los regímenes totalitarios, ya se sabe, facilitan los asuntos de orden público. Al mero sospechoso de ser sospechoso se le encierra y ya está. Cuando lo que impera es el irrenunciable régimen de libertades que afortunadamente tenemos ahora, las cosas se complican bastante.
Pasar de una población de algo más de 39 millones de habitantes a otra que supera los 45 en apenas siete años resulta, como digo, un problema en sí mismo. Por añadidura, los efectos de ese crecimiento demográfico se han multiplicado debido al desarrollo económico. Además de meter más gas en la botella, la hemos calentado. Cuando hay dinero, la gente se mueve más; sale más, consume más, viaja más y hasta delinque más. De ese fenómeno no se libra ninguna sociedad avanzada. Los maleantes acuden a donde hay riqueza. No me imagino a una banda de saqueadores instalando sus cuarteles en un país menesteroso.
No valen estos planteamientos, empero, para que nos echemos en los brazos de la resignación. ¿De qué sirve encarcelar a un bandido varios años después de cometido su delito? Esencialmente, de poco. Tanto si pensamos que la cárcel ha de cumplir una función meramente punitiva, como si admitimos, de acuerdo con teorías más al uso aunque también sujetas a controversias, que su objetivo primordial es reeducar al reo, resulta absurdo que se demore la ejecución de una sentencia tanto como sucede en España. En el ínterin, cualquiera arrimado al mal camino puede persistir en el quebrantamiento de la ley, mientras que quien cometió un desliz ocasional se ha de enfrentar a cumplir una condena por una mala conducta transitoria, ya superada y hasta olvidada, cuando ha rehecho su vida y es una persona decente. En definitiva, y repitiendo lo que muchas veces se ha repetido, la Justicia lenta no es justa.
Otro aspecto no menos importante es el de la imagen que los ciudadanos llegan a tener de un sistema que acumula expedientes en los pasillos porque ya no caben en los archivadores ni sobre las mesas de los despachos. Si esto ocurre con delitos graves -se habla incluso de juicios por asesinatos y violaciones-, quién puede esperar que le resuelvan en tiempo y forma un pleito menor desde el punto de vista judicial, aunque muy importante para él como persona. Así ocurre, como ha ocurrido, que una sentencia llegue cuando ya ha fallecido el demandante. Estoy pensando en las expropiaciones ilegales realizadas por el Parlamento de Canarias -bajo los consejos del ínclito señor Ruano-, aunque no ha sido este el único caso lamentable.
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