Santa Cruz de Tenerife, EFE El promotor de una construcción en el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona levantada sin las licencias exigidas por la legislación canaria ha llevado a cabo su demolición de forma voluntaria, con el fin de reducir el importe de las sanciones tal y como establece la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN).
La edificación, de 500 metros cuadrados, se encontraba situado sobre suelo rústico agrícola en el lugar conocido como Toscas Gordas, informa en un comunicado la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.
La demolición voluntaria da derecho al promotor de la obra a una reducción del noventa por ciento en la multa impuesta por la construcción "ilegal", al carecer de las licencias exigidas por la legislación.
La APMUN, tras detectar la infracción, tramitó los correspondientes procedimientos disciplinarios, que concluyeron, como marca la ley, con orden de demolición y la imposición de una multa, en este caso, de 6.060 euros.
El restablecimiento al estado original, indica la nota, se ha realizado a petición del propio infractor, que presentó el proyecto de demolición voluntaria de las obras realizadas sin cobertura ante la APMUN, responsable asimismo de supervisar y conformar estos trabajos a través del Servicio de Restablecimiento de la Realidad Física Alterada.
El director ejecutivo de la Agencia, Pedro Pacheco, ha subrayado al respecto la importancia de la colaboración de los promotores de acciones que alteran de forma negativa el medio rural y natural de las islas.
Señaló que actos como el indicado "permiten conseguir los objetivos del procedimiento sancionador en esta materia, que no son otros que dejar el territorio como estaba y mantener la disuasión para el infractor por el doble coste de construir y demoler, sin perjuicio de que obtenga el premio de la reducción de la multa".
Con esta actuación voluntaria, los particulares afrontan menores costes que en el caso de que la demolición hubiera sido ejecutada directamente por la Administración.
Asimismo, añadió, los responsables de la obras realizadas sin los permisos oportunos se benefician porque, al reponer el territorio a su anterior situación, y cuando se comprueba la completa demolición, tienen derecho a la reducción de un 90 por ciento de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador.
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