COLPISA, Madrid
"Era como Chicago en los años 20, una mafia que controlaba la delincuencia en la ciudad, extorsionaba a los empresarios, trapicheaba con drogas y dirigía las redes de prostitución clandestinas; sólo les faltaba tener el monopolio de la venta de alcohol". La frase es de uno de los mandos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid que dirigió la "operación Bloque" contra la corrupción de la policía local del municipio de Coslada, y permite atisbar el alcance de la redada que ayer acabó con la detención de 31 agentes municipales, la quinta parte de la plantilla de esta ciudad de 90.000 habitantes situada a doce kilómetros al este de la capital.
Entre los arrestados está el supuesto "capo" del grupo, el jefe de la policía local Ginés Jiménez, que desde 1986 dirige el cuerpo y que, además, es el presidente de la Federación de Asociaciones de Jefes de Policía Local (Feajepol). En 2006 ya había sido absuelto de tres delitos de detención ilegal. También fue detenido el guardaespaldas y chófer del alcalde de Coslada, el socialista Ángel Viveros, que gobierna con el apoyo de IU y un grupo independiente.
Durante la operación, que comenzó a las 8:00 horas, efectivos de la Unidad de Intervención de la Policía realizaron varios registros domiciliarios, entre ellos la vivien-da de Jiménez, y allanaron la comisaría local y otras dependencias en busca de documentos.
Meses de investigación
La investigación que ayer desencadenó la detención de los policías comenzó hace varios meses, cuando la Policía Nacional investigaba una red de tráfico de mujeres rumanas para la prostitución. Los "pinchazos" telefónicos desvelaron los vínculos de este grupo con numerosos policías locales y con el propio Jiménez.
La Policía Judicial comprobó que había mucho más detrás: los agentes extorsionaban a empresarios, especialmente de hostelería y dueños de prostíbulos a los que amenazaban con el cierre, brindaban "protección" a propietarios de locales, chantajeaban a las prostitutas a las que a veces forzaban a trabajos sexuales y, en ocasiones, controlaban el menudeo de drogas.
La Policía Judicial, por el momento, acusa sólo a una decena de los detenidos de delitos contra la salud pública, cohecho, robo y delitos contra el patrimonio, la libertad sexual y la libertad de los trabajadores. La declaración de testigos protegidos, además de las grabaciones telefónicas, podría ser clave para las imputaciones contra el "núcleo duro" de la mafia.
Los agentes permanecerán incomunicados 72 horas, ya que la operación continuaba abierta y no se descartaban nuevas detenciones.
El responsable directo de los detenidos, el edil de Seguridad y Urbanismo Antonio Murillo, se reunió ayer apresuradamente con los responsables del consistorio para reorganizar el cuerpo tras la sangría que ha supuesto la detención de 31 agentes. Los 128 miembros de la Policía Municipal que quedan en libertad estarán dirigidos desde ayer por un suboficial. El edil garantizó que todos los agentes implicados serán suspendidos de empleo y sueldo en cuanto haya una sentencia judicial.
El alcalde, por su parte, aseguró ayer que, más allá de los agentes, en la "operación Bloque" no hay involucrado ningún funcionario ni responsable político de ayuntamiento. Viveros dijo estar convencido de la inocencia del actual equipo de gobierno e, incluso, del anterior del PP, y señaló que sólo había oído "rumores" y "quejas verbales" sobre la mafia policial, pero que el ayuntamiento nunca había recibido denuncias formales.
© Editorial Leoncio Rodríguez, S.A. |Aviso legal | Mapa del sitio | Publicación digital controlada por OJD
