DURANTE muchos años, sin duda demasiado tiempo, los conflictos laborales en los que han intervenido funcionarios o empleados de empresas públicas han tenido el mismo comienzo, idéntico desarrollo y un previsible final jamás modificado. Un perfil más nítido cuando los servicios que prestan esos funcionarios disconformes, o los empleados de empresas no privadas, son esenciales para la sociedad. No es lo mismo una huelga en la recogida de basura que en los juzgados. Los efectos de la primera son más visibles; cito como ejemplo lo que ha ocurrido en Adeje y el Puerto de la Cruz, si bien el conflicto que ha paralizado los juzgados en media España tampoco ha sido baladí.
Ese esquema al que me refiero comienza cuando un sindicato -por lo general un sindicato específico- plantea reivindicaciones laborales en esencia no difíciles de cumplir, pero que cuestan dinero. La primera respuesta de la Administración es negarse. Los políticos, eso también ha quedado patente en el Parlamento de Canarias, suelen ser generosos a la hora de asignarse emolumentos a sí mismos, pero se comportan con la misma tacañería de los demás empresarios cuando la revisión de nóminas no va con ellos, sino con quienes, en calidad de funcionarios o de lo que sea, dependen de ellos. Es ese "no" inicial lo que motiva el preaviso de huelga.
A partir de ese momento, las negociaciones ya no se desarrollan tanto bajo los auspicios de la cordialidad, en el caso de que esa hubiera sido la tónica inicial, sino de la presión. Cuando en esta etapa no se llega a ningún acuerdo -y lo más frecuente es que no se llegue a ningún acuerdo-, se produce indefectiblemente el paro. Una situación en la que el tiempo corre a favor de los trabajadores, sobre todo cuando el servicio que dejan de prestar a la ciudadanía genera incomodidades manifiestas en la vida cotidiana. Sobra explicar que una huelga de transportes públicos incordia más que una de bomberos. De los bomberos, como de Santa Bárbara, nadie se acuerda mientras no son imprescindibles. Y si acontece la calamidad, siempre están los servicios mínimos para que el fuego no llegue al río. Lo mismo cabe decir de una huelga de profesores en la enseñanza no universitaria, o inclusive en la universitaria; en un país con alto porcentaje de analfabetos funcionales, la principal preocupación ante una huelga de maestros es que los pibes se quedan en casa y sus padres no saben qué hacer con ellos. Triste realidad pero realidad a fin de cuentas, salvando todas las excepciones que uno quiera; tampoco es cuestión de herir sensibilidades colectivas.
El caso es que a medida que el conflicto se alarga, aumenta la presión sobre los políticos o los cargos públicos encargados de negociar con los sindicatos. Al final no les queda más remedio que ceder. A fin de cuentas, los euros adicionales que deberán pagar para solucionar el problema no saldrán del bolsillo de quienes negocian, sino del erario. Es decir, de nuestros propios bolsillos. Por eso tengo curiosidad, hasta cierto punto morbosa, por saber hasta dónde podrá resistir Milagros Luis Brito con los ya tediosos maestros de escuela. Es decir, hasta dónde la dejarán resistir.
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