M.G./AGENCIAS, Tenerife
La incertidumbre sobre el futuro de la moratoria turística, el instrumento que regula el control del crecimiento de la construcción turística en Canarias, comenzó a despejarse el pasado miércoles, cuando el consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel, y la consejera de Turismo, Rita Martín, avanzaron los principales contenidos del anteproyecto de ley de Medidas Urgentes de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo. Lo que se ha conocido del documento hasta ahora ha llevado al Partido Socialista a criticar la "escasa credibilidad" del Gobierno regional al anunciar la rehabilitación de la planta alojativa obsoleta, mientras que distintas organizaciones empresariales y turísticas han saludado la medida con prudente satisfacción al considerar que recoge las demandas planteadas por el sector.
El portavoz del Grupo Socialista, Blas Trujillo, cree que el Gobierno de Canarias carece de credibilidad cuando anuncia la rehabilitación de la planta alojativa obsoleta, una posibilidad ya recogida en las directrices y que fue "incumplida reiteradamente" por el Ejecutivo. Trujillo pone de manifiesto las "evidentes contradicciones" en el seno del Gobierno sobre esta cuestión. Como ejemplo, recordó que el vicepresidente, José Manuel Soria, anunció hace unos días la "total libertad" para la construcción de hoteles de lujo, una posición "desautorizada" pocas horas después por Berriel.
Por su parte, Nueva Canarias ha rechazado la reforma planteada por el Gobierno porque, a su juicio, conllevará la eliminación del tope máximo de crecimiento turístico anual, fijado en el 1% anual en las directrices, lo que derivará en un "crecimiento sin límite". Además, la formación se muestra contraria a que se haya reducido el papel del Parlamento en la toma de decisiones, dado que ahora las autorizaciones previas para las nuevas camas corresponden a los cabildos y el Ejecutivo.
En cuanto a Los Verdes-Partido Verde Canario, coincide con los objetivos de rehabilitación, pero advierte de que "lo más importante es cómo se gestiona". Rafael Rodríguez, portavoz de la formación, destacó la necesidad de que se respete una "oferta variada" en la que convivan plazas hoteleras y extrahoteleras, las más afectadas por la obsolescencia de la planta. Se trata, recuerda Rodríguez, de "pequeños propietarios" que no tienen acceso a los fondos de la RIC y, por lo tanto, encontrarán más dificultades a la hora de renovar sus establecimientos. Para Los Verdes, el Gobierno "ha hecho los deberes tarde".
Pautas
"El Gobierno prácticamente ha seguido las pautas que las patronales turísticas han transmitido en los últimos meses", asegura Sebastián Grisaleña, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE). A su juicio, el Ejecutivo regional "ha cedido a todas las pretensiones" del sector, si bien agrega que la patronal tendrá que "evaluar con la tranquilidad debida" el proyecto de ley.
El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, Fernando Fraile, aplaude la "filosofía de renovación del espacio turístico" que se trasluce de la propuesta, al tiempo que se muestra favorable a la imposibilidad de clasificar nuevo suelo durante cinco años y celebra que sean cabildos y Gobierno los encargados de las autorizaciones.
No obstante, la FEHT considera necesario analizar detenidamente si las compensaciones que se ofrecen a los empresarios que se decidan por rehabilitar son suficientes. "No hay que ser cicateros", señala Fraile, quien recuerda que el objetivo es que la renovación sea "financieramente rentable". En caso contrario, advirtió, "habremos fracasado". También ve discutible que los empresarios que opten por desclasificar suelo turístico y reciban a cambio suelo residencial tengan la obligación de dedicar un 30% a viviendas protegidas. "No es la solución que queríamos", reconoce Fernando Fraile.
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