Visto para sentencia el despido de 43 empleados de la clínica Capote

L.C., S/C de Tenerife

Cuarenta y tres trabajadores de la clínica Capote pidieron ayer a un juez que se ejecute su despido y pida responsabilidades por el mismo a los diferentes socios de la empresa. El proceso más grande en volumen de empleados tuvo lugar ayer en el Juzgado de lo Social número 1 de Santa Cruz de Tenerife. El juicio, que duró cerca de cuatro horas, congregó a esos 43 trabajadores que aunaron sus reivindicaciones bajo un solo abogado. Al otro lado estaba la parte demandada, los accionistas, que presentaron un total de seis abogados para su defensa.

Tras escuchar a todas las partes, el juicio quedó visto para sentencia, por lo que Moreno no quiso hacer ninguna valoración hasta que la Justicia se pronuncie.

No obstante, recordó que ya han tenido lugar dos procesos más en los que los trabajadores solicitaban el despido de la clínica Capote a la Justicia. El Juzgado de lo Social número cinco ya se pronunció sobre uno de ellos, celebrado el 18 de abril, concediendo a ocho empleados el despido por el incumplimiento de las obligaciones de la empresa.

Uno de los letrados representaba a Clínica Capote, otro a A. Capote SA, un tercero a cinco de los socios (Manuel Díaz, Lorenzo Galván, María del Carmen Monllor, Cecilio Iess y Pedro Rodríguez), un cuarto abogado defendía a Alfredo Bonnet, el quinto a los hijos de Alfredo Bonnet y el sexto a Clínica Parque como accionista de A Capote, donde cuenta con un 9% de las acciones, según explicó Carlos Moreno, de Comisiones Obreras (CCOO).

Desde el 3 de noviembre no existe ocupación activa en el centro, al cancelar el Servicio Canario de Salud (SCS) el concierto que tenía con la Clínica Capote al detectar serias deficiencias en cuanto a falta de medios. En diciembre, se dejó de pagar a los empleados, que han seguido asistiendo día a día a su puesto de trabajo para no perder sus derechos como empleados.

"La empresa no ha presentado en todos estos meses un plan de viabilidad para parar el juicio", explicó Carlos Moreno, que se ha quejado en reiteradas ocasiones de la falta de diálogo de los empresarios con los trabajadores.

Además, recordó que en febrero de 2006 se aceptó un expediente de regulación de empleo, por el que varios trabajadores fueron despedidos a condición de que se realizara dicho plan de viabilidad.

En las conclusiones del juicio, tanto demandantes como demandados reconocieron el impago de salarios desde diciembre y la falta de ocupación activa desde noviembre. Los demandados, sin embargo, argumentaron que habían hecho todo lo posible para hacer viable la empresa, según explicó Moreno.