EFE, Bruselas
Los países de la Unión Europea (UE) no lograron cerrar ayer un acuerdo sobre una legislación común para la repatriación de los inmigrantes en situación irregular. Los embajadores de los 27 países comunitarios debatieron el texto, pero aplazaron la decisión hasta la sesión prevista para la próxima semana, según indicaron fuentes diplomáticas.
En el texto, acordado entre el Parlamento Europeo (PE) y el Consejo de la UE, se establece un período máximo de retención de 6 meses, que puede extenderse en casos excepcionales a 18 meses, pero los grupos políticos del PE mostraron ayer una fuerte división sobre la directiva de retorno de inmigrantes ilegales, aunque ayer se preveía que recibiera el respaldo de los Gobiernos de los 27 países de la UE.
A pesar de que reconocieron que la norma tiene carencias y no es perfecta, representantes de populares y liberales respaldaron el texto y las mejoras que incluye en algunos aspectos, como el final de los internamientos indefinidos, mientras que Izquierda Unitaria reiteró su rechazo.
El socialista italiano Claudio Fava, anunció ayer que su grupo votaría en contra, mientras que en los verdes se conjugaban las duras críticas con la apreciación de algunos elementos positivos.
La directiva "no es ideal, pero es un paso adelante en la buena dirección", ya que "hemos logrado que haya garantías en medidas concretas", dijo el alemán Manfred Webber (PPE), ponente del informe sobre el que la Eurocámara debe pronunciarse en el pleno del mes de junio.
Webber, en una conferencia de prensa en la sede del PE previa a la decisión de los países comunitarios, reconoció que algunos Estados miembros usan el internamiento como forma de "presión psicológica" para que los indocumentados digan cuál es su país y poder devolverlos, pero insistió en que, si se les dejara libres "se desvanecerían en el aire" y no podrían ser repatriados.
El texto acordado entre el PE y el Consejo de la UE establece un período máximo de retención de 6 meses, que puede extenderse en casos excepcionales a 18 meses.
Webber insistió en que ese período es máximo y establece por fin un mínimo en los países donde hasta ahora el plazo es indefinido, mientras que los países con menores períodos de internamiento seguirán aplicándolos.
Menores
También consideró un "gran progreso" el que se garantice a nivel de toda la UE que, en el caso de los menores, haya una instancia diferente a las autoridades de extranjería que se ocupe de su situación.
Fava dijo que el texto da "demasiado margen de maniobra" a los países de la UE y resaltó que la retención administrativa de hasta 18 meses convierte en "algo gravísimo" la entrada ilegal a un país.
Por los liberales, la holandesa Jeanine Hennis-Plasschaert recalcó que la norma no debe ser vista solo como un intento de la UE de reprimir la inmigración ilegal, "sino dentro de un conjunto" de medidas en preparación que buscan, entre otros objetivos, promover la inmigración legal y ordenada o penalizar a los empresarios que contratan a indocumentados.
La "verde" británica Jean Lambert mostró el respaldo de su grupo a algunos elementos de la directiva, pero consideró que prohibir a los ilegales expulsados retornar a la UE durante cinco años "es una medida draconiana".
Sin embargo, fuentes del PE indicaron que los verdes británicos se plantean votar a favor debido a que su país no tiene ahora un período máximo de retención, por lo que ven a la directiva europea como un medio de dar garantías a los ilegales presentes en su país.
El italiano Giusto Catania, de Izquierda Unitaria Europea, proclamó la oposición total de su grupo, y criticó especialmente el internamiento, cuando la inmigración ilegal "no es un delito, sino una falta administrativa".
Catania también atacó la posibilidad de expulsar a los ilegales a los países de tránsito, lo que creará situaciones de ilegalidad en estos últimos, y donde los derechos de los expulsados no estarán garantizados.
Según datos del Gobierno español, facilitados por ICV, entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de mayo de 2005 hubo 122.238 inmigrantes con órdenes de expulsión que no fueron extraditados.
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