EFE, Toledo
La directora general de Inmigración, Marta Rodríguez, afirmó ayer en Toledo que la legislación española sobre extranjería no tiene por que modificarse con la aprobación de la directiva comunitaria sobre los inmigrantes indocumentados.
A preguntas de los periodistas sobre la postura de España respecto a la nueva normativa europea sobre el retorno de los inmigrantes, Marta Rodríguez quiso transmitir, "frente a los alarmismos, que la normativa española no se ve obligada a ser modificada en función de la aprobación de esta directiva".
Añadió al respecto que la directiva que se discute en Bruselas es, "en su letra, lo suficientemente amplia como para armonizar las distintas legislaciones que hay en el seno de la Unión".
También ayer, el portavoz de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) en el Congreso, Joan Herrera, calificó de "vergonzosamente inhumana" la directiva de retorno, que podría permitir la reclusión de inmigrantes sin papeles durante 18 meses.
Según ICV, esta directiva reducirá las garantías legales de los inmigrantes sin papeles porque autoriza a detenerles con una orden administrativa que tendrá que ser confirmada judicialmente "lo antes posible", en vez de en 72 horas, como fijaba el borrador de 2005.
De aprobarse esta directiva, que depende del voto de España, "se estaría dando carta blanca a la vulneración de los derechos fundamentales y se deteriorarían aún más las condiciones lamentables de las personas migradas".
Por ello, ICV emplazó al Gobierno y al PSOE a "posicionarse en contra" de una directiva que hará que "el derecho europeo se construya con prácticas nacionales restrictivas y poco sensibles con los derechos humanos". ICV e Izquierda Unida han presentado una proposición no de ley para instar al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para dar "una urgente e inmediata solución a las personas con órdenes de expulsión que no se ejecutan".
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