Alcaide critica la inacción administrativa para imponer la disciplina urbanística

M. GÓMEZ, S/C de Tenerife

El Diputado del Común, Manuel Alcaide, denuncia en su informe anual referido a 2007 las frecuentes vulneraciones de la disciplina urbanística y la pasividad de las administraciones públicas para restablecerla. El comisionado parlamentario concede especial relevancia a las infracciones que tienen que ver con el suelo rústico. Así, critica la reticencia de las instituciones competentes a la hora de restablecer la realidad física alterada mediante la demolición de los inmuebles ilegales.

A juicio del defensor del pueblo canario, la aplicación de las medidas preceptivas en este caso -derribo, reconstrucción o cese de los usos irregulares- es sólo teórica. "Y es que, al analizar la evolución histórica de esta medida vemos que, inicialmente, la inacción municipal y, con posterioridad, la autonómica, ha sido, y en buena medida sigue siéndolo, la actitud común en la efectiva adopción, y aún más importante, ejecución efectiva de esta medida", señala el informe anual elaborado por el Diputado del Común.

A esto se une, en muchas ocasiones, que cuando los ayuntamientos o el Gobierno regional deben proceder de oficio a la demolición "se procede a legalizar lo indebidamente construido me- diante modificaciones puntuales del planeamiento o a adoptar soluciones normativas dirigidas a la legalización de esas actuaciones". El documento pone como ejemplo el decreto aprobado en 1997 que permitió la constitución de un censo de edificaciones sin licencia y el establecimiento de supuestos de suspensión de los derribos, así como la modificación introducida en las Leyes de Ordenación del Territorio en 2006. Cabe recordar que, aunque queda fuera del ámbito temporal del informe, recientemente se ha impulsado un nuevo cambio de este último texto para salvar de la demolición edificaciones ubicadas en el litoral.

En cuanto a los inmuebles "fuera de ordenación" -contrarios al planeamiento urbanístico pero "inatacables" debido a que la Administración ha dejado transcurrir el plazo marcado para su derribo-, el Diputado del Común entiende que "no merecen protección, sino todo lo contrario: lo conveniente es que desaparezcan cuanto antes".

Los "reiterados y graves supuestos de incumplimiento urbanístico y territorial" siguen siendo el motivo de "un gran número de quejas". Esto es interpretado por Manuel Alcaide como "una progresiva concienciación social" en la materia que, por contra, "no ha redundado en una reacción de las autoridades competentes, quienes, en la mayoría de las ocasiones, no adoptan medidas o, cuando proceden a ello, no es con la prontitud que la situación demanda".

También observa el comisionado parlamentario que "se ha generalizado la falta de respuesta a las denuncias que se presentan ante algunas administraciones públicas", que olvidan que tienen la obligación de contestar de manera expresa. Según Alcaide, "esta situación genera una pérdida de confianza en las instituciones".

Justicia

La Administración de Justicia es, tras el relativo a las actividades clasificadas, el capítulo que suscita un mayor número de reclamaciones de los ciudadanos. Se trata, en concreto, de 162 quejas, de las cuales 109 han sido archivadas. La mayoría de estas solicitudes tienen que ver con retrasos en la tramitación, resolución o ejecución de expediente judiciales.

"La lentitud sigue caracterizando el funcionamiento de la Justicia en nuestra Comunidad Autónoma", señala en su informe el Diputado del Común, que atribuye el problema a "la excesiva movilidad del personal y el fenómeno de la creciente inmigración hacia las Islas", entre otros factores. No obstante, la institución aplaude la creación de doce nuevas unidades judiciales durante el año pasado.

Asimismo, el informe de 2007 alude a los "enormes tiempos de espera" para la obtención de certificaciones y la tramitación de inscripciones por parte del Registro Civil.

El comisionado del Parlamento ha acordado la apertura de una investigación sobre la necesidad de dotar el turno de oficio de profesionales especializados en materia penal de menores. La institución dirigida por Manuel Alcaide ha solicitado a los cuatro colegios de abogados del Archipiélago información sobre los criterios para la selección de letrados destinados a este servicio y las actuaciones formativas para su preparación.

Deslealtad

Las quejas sobre trabajo y función pública siguen en número a las relacionadas con la justicia. En este aspecto, el Diputado del Común es especialmente duro con algunas administraciones que, durante el año pasado, dilataron "de manera extraordinaria" el cumplimiento de su obligación de colaborar con la institución. El informe define esta actitud como una "deslealtad institucional", al tiempo que advierte sobre la "merma de los derechos de los ciudadanos" que supone.

Entre ellas cabe resaltar la Gerencia de Servicios Sanitarios de La Palma, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y Proexca, dado que han obligado a reiteradas solicitudes que han incluido una advertencia de comunicación al Ministerio Fiscal. La Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, los ayuntamientos de La Laguna y Adeje y la Consejería de Presidencia y Justicia han sido otras de las administraciones a las que Alcaide ha tenido que insistir.