El Gobierno autorizará nuevas camas

O.G./AGENCIAS, Tfe./G.C.

Tras varios meses de incertidumbre, el Gobierno canario hizo público ayer el anteproyecto de ley de Medidas Urgentes de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo, el documento que definirá el marco cuantitativo y cualitativo de la carga turística del Archipiélago para los próximos tres años, y a través del cual el Ejecutivo sólo autorizará la creación de nuevas camas a cambio de la renovación de las plazas obsoletas.

Así lo explicaron ayer en una rueda de prensa el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno canario, Domingo Berriel, y la consejera de Turismo, Rita Martín, quienes adelantaron además que el proyecto de ley, que consta de dos capítulos y veinte artículos, será aprobado en el Consejo de Gobierno el próximo martes y tramitado por la vía de urgencia.

Berriel aseguró que la nueva norma elimina las excepciones por interés general que establecía la anterior ley trianual, a la que ahora sustituye esta, y establece que la única posibilidad de construir nuevas camas es por sustitución o renovación de la planta obsoleta. Para ello, permitirá a los promotores turísticos la construcción de tres plazas nuevas por cada cama obsoleta que quieran renovar, siempre que la nueva construcción se realice fuera de esa zona turística sobreexplotada y que sea de categoría superior.

Si, por el contrario, el empresario decide no abandonar ese suelo y prefiere rehabilitar la planta hotelera, la nueva ley le permite disponer de un 50% más de plazas de las que tenía habilitadas y un 25% más por cada categoría que se incremente, aunque como mínimo tiene que quedar como una explotación de cuatro estrellas.

Al respecto, Berriel detalló que a la inversión privada, que tendrá que adaptarse a los estándares turísticos, se sumará también inversión pública para modernizar el entorno.

Paralizadas

Berriel estimó que con la aplicación de esta ley se paralizará la construcción de unas 130.000 camas turísticas tres años más, esto es, las que se podrían realizar en los suelos turísticos que quedan aún con derechos consolidados.

Para ello, la ley concede a los empresarios que no quieran esperar estos tres años la posibilidad de pedir al Ejecutivo que les expropie conforme a la ley estatal de precio justo para, posteriormente, subastar esa propiedad.

Otra posibilidad que se abre para los empresarios es la de dedicar el suelo a actividades relacionadas con el ocio o el comercio, o bien cambiarlo por suelo residencial, con la salvedad de que el 30% de la viviendas que se construyan sean de protección oficial.

En este sentido, Domingo Berriel detalló que la nueva norma no permitirá clasificar más suelo turístico en los próximos cinco años, "salvo que sea a cambio de una desclasificación similar que haga que el saldo sea cero". "El suelo que se vaya a ocupar debe estar constreñido al suelo turístico existente", sentenció.

De cualquier forma, el consejero de Medio Ambiente también explicó que, si bien el proyecto de ley limita cualquier modificación los próximos tres años, en función de la coyuntura económica o medioambiental el Gobierno podrá enviar una comunicación al Parlamento para que éste autorice al Ejecutivo a modificar estos plazos.

La ley prioriza también la promoción de la actividad agropecuaria y el dinamismo del medio rural, y establece una simplificación y racionalización de las actuaciones administrativas en materia territorial y urbanística.