EFE, Madrid
Las carreteras españolas se han cobrado la vida de 37 personas desde el inicio de la operación especial de Tráfico con motivo del Puente de Mayo a las 15:00 horas del pasado miércoles y hasta las 20:00 horas del domingo, en una jornada de regreso sin grandes atascos a la entrada de las grandes ciudades.
Según informó la Dirección General de Tráfico, en los 31 accidentes mortales registrados desde el miércoles se han producido además 18 heridos graves y 9 leves.
En el mismo puente del año pasado fallecieron 42 personas hasta las 12 de la noche de la jornada de regreso, aunque en aquella ocasión el 1 de mayo cayó en martes.
De los 37 fallecidos en estos cuatro días festivos, ocho son motoristas, lo que confirma la evolución negativa de las tasas de siniestralidad en moto a diferencia de los accidentes de automóvil, que han tenido un fuerte descenso en los últimos años.
El peor accidente de estos cuatro días se registró la madrugada del viernes en Sevilla, con cuatro jóvenes muertos, en un choque entre un turismo y un camión.
Aunque el pasado miércoles, jornada de salida, las retenciones fueron importantes el regreso ha sido mucho más escalonado.
Nuevas sanciones
Pasadas las 20:00 horas, las retenciones afectaban a las vías de acceso a las grandes ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla desde las zonas de costa, con especial incidencia en las entradas a Madrid, donde también fue festivo el 2 de mayo.
Lo peor se lo ha llevado la A-4, carretera de Andalucía, que tenía retenciones desde la provincia de Ciudad Real, en las localidades de Santa Cruz de Mudela, Valdepeñas y Villarta de San Juan, y Madridejos, ya en Toledo.
En la A-5, los problemas de entrada a Madrid llegaban también a la localidad toledana de Santa Cruz de Retamar y más adelante en Navalcarnero.
Esta ha sido la primera operación importante de tráfico en la que está castigado con penas de cárcel conducir sin permiso, bien porque nunca se ha ido a la autoescuela o porque se ha retirado el carné.
A estos conductores se les dieron cinco meses para que regularizaran su situación antes de comenzar a considerar delito lo que hasta ahora era sólo una infracción administrativa y que, podrá ser castigado con penas de hasta seis meses de prisión.
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