EFE, Madrid
Un total de 151.429 familias cobraron el pasado mes de marzo algo más de 60,5 millones de euros en conjunto por tener a su cargo hijos con porcentajes de minusvalía igual o superior al 65 por ciento y al 75 por ciento, según los datos de la Seguridad Social.
Canarias se sitúa a la mitad de la tabla con 8.178 beneficiarios pertenecientes a 7.871 familias, lo que se ha traducido en un gasto superior a los tres millones de euros por parte de la Tesorería de la Seguridad Social. En concreto se han destinado 3.274.875,24 euros a las familias con menores discapacitados del Archipiélago.
Andalucía es la comunidad autónoma donde más familias cobraron este tipo de prestaciones (25.836, por 26.624 hijos), por importe de 10,1 millones de euros, seguida de Cataluña (18.055 familias y 18.398 descendientes), por valor de 7,1 millones.
La Comunidad Autónoma de Madrid se sitúa en tercer lugar (16.624 familias y 17.014 hijos), con prestaciones equivalentes a 6,6 millones, y el cuarto lo ocupa la Comunidad Valenciana (15.497 familias y 15.942 hijos), con 6,1 millones de euros.
En el lado opuesto están las comunidades de La Rioja (940 familias cobran 374.000 euros por sus 965 hijos discapacitados), así como Navarra (2.005 y 2.048, por 806.000 euros) y Cantabria (2.465 familias y 2.495 hijos, por 993.000 euros).
Prestación universal
Se trata de una asignación económica anual por cada hijo a cargo del beneficiario, menor de 18 años o mayor de esa edad si está afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento, cualquiera que sea la naturaleza legal de la filiación de aquel, así como por los menores en acogimiento familiar, permanente o preadoptivo. No se exige límite de ingresos para el reconocimiento de la condición de beneficiario de la asignación por hijo o menor acogido a cargo con discapacidad.
Las asignaciones económicas por hijo a cargo se financian mediante aportaciones del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social, y la gestión de las mismas corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social excepto para el Régimen de Trabajadores del Mar.
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