Garzón encarcela a la alcaldesa de Mondragón por colaborar con ETA

EFE, Madrid

El juez Baltasar Garzón ordenó prisión incondicional para la alcaldesa de Arrasate-Mondragón, Inocencia Galparsoro (ANV), por los delitos de colaboración con banda armada y quebrantamiento de las medidas cautelares y advierte al resto de cargos de ANV que estudiará su eventual responsabilidad.

De acuerdo con la resolución del juez, la alcaldesa se ha implicado en el desarrollo de la estrategia común para contribuir a los fines de la organización terrorista. Según el auto de prisión del magistrado, ha quedado "claro" que Galparsoro ha incumplido "expresamente" el auto de suspensión de ANV, decretado el pasado 8 de febrero.

El juez, que no excluye imputarle también un delito de integración en organización terrorista, considera que la alcaldesa "ha ido más allá" de la "mera y puntual" aceptación de los postulados de Batasuna, Ekin y ETA y ha pasado a desarrollar una actividad "intensa" en la colaboración de los objetivos de la banda terrorista.

Garzón sostiene que la "voluntad rebelde" de la alcaldesa con respecto al cumplimiento de la suspensión de ANV se ha constatado en actuaciones como la rueda de prensa del 23 de abril en la que Galpasoro, junto a los alcaldes de Hernani (Guipúzcoa), María Ángeles Beitialarrangoitia, e Igorre (Vizcaya), Galdor Olivares, anunciaron que iban a presentar contramociones en respuesta de las mociones "éticas" del PNV para exigir la condena del terrorismo.

Para el magistrado, esa "voluntad rebelde" no sólo es atribuible a ella sino que la tienen "todos, en todos los Ayuntamientos que controlan", en referencia a todos los cargos de ANV, y así lo van a hacer respondiendo a un "impulso común", el cual procede de una decisión que se adoptó de forma conjunta, según señala en el auto.

Por este motivo, el juez no descarta actuar contra otros componentes de ANV, "cuya eventual responsabilidad se analizará aparte".

Estrategia común

Garzón entiende que Galparsoro fue la primera en llevar a cabo esa estrategia común al plantear en el pleno celebrado el 24 de abril en su Ayuntamiento una moción alternativa contra la presentada por el PSE/EE y el PNV, que fue rechazada, en la que se exigía dimitir a los concejales que no condenaran la violencia.

Además, el juez hace constar en su resolución la denominación que ha adoptado ANV para "disfrazar" el nombre del partido bajo la denominación de "electos independentistas", que -dice- resultan ser cargos del partido suspendido.

La alcaldesa llegó a la Audiencia Nacional a las 10.00, acompañada del presidente de ANV, Kepa Bereziartua; de su abogado, Iñigo Iruin, y de una veintena de simpatizantes, después de que el 25 de abril Garzón la citara a declarar al considerar que con sus últimas actuaciones ha incumplido la suspensión de actividades de la formación abetzale.

Iñigo Iruín, habitual defensor de las causas de Batasuna y partidos de las izquierda abertzale, lamentó, en declaraciones a los periodistas, que "se haya abierto la vía penal para los electos de ANV".

El interrogatorio, en el que además de la fiscal Dolores Delgado, las acusaciones populares Dignidad y Justicia y la AVT pidieron también prisión para Galparsoro, se retrasado hasta las 12.40 porque el juez estuvo analizando unos informes policiales y una documentación que aportó Dignidad y Justicia.

En relación con la citación judicial de la alcaldesa de ANV, la Policía registró el inmueble del Ayuntamiento de Arrasate-Mondragón por orden del magistrado y solicitaron allí las actas de los plenos municipales celebrados desde que Garzón ordenó la suspensión de actividades de ANV, el 8 de febrero.